

Laurta detenido en Concordia. En diálogo con Diario Río Uruguay, el abogado defensor del hombre acusado por el doble femicidio en Córdoba y del homicidio del chofer Martín Palacio, José Legarreta, explicó que contra su defendido, se ha aplicado “la medida cautelar más gravosa, que es la prisión preventiva, a los efectos de custodiar el proceso”.
En esta ocasión, recordó que “se ha encaminado por el plazo de 120 días, en atención a los riesgos de fuga, del entorpecimiento y la probable participación de Laurta en los hechos que se le han imputado en esta jurisdicción”.
Según sus palabras, "este es el plazo que ha requerido el Ministerio Público Fiscal en atención a la complejidad de la causa”. Desde la defensa “hemos llegado a un acuerdo con relación a este proceso cautelar, a los efectos de dialogar y llegar a un entendimiento futuro (con el acusado) como estrategia procesal". Y en ese marco tampoco descartó la posibilidad "de llegar a una salida alternativa, a lo que se considere posible, en el marco del proceso penal y la legítima defensa”, lo que puede interpretarse como una elíptica alusión a la figura del Juicio Abreviado. Si bien, de inmediato aclaró que es "prematuro y aventurado manifestar determinados escenarios"
Jurisdicción y traslado
Consultado sobre los alcances que tendrá su defensa en el caso del ciudadano uruguayo Pablo Laurta, por los crímenes que se le sindica, el letrado aclaró que “por el momento, la competencia que tengo es por los hechos de la jurisdicción de Concordia”. No obstante, remarcó que su traslado“ya está dispuesto por pedido de la provincia de Córdoba y se ha decidido en el marco de la detención que se realizó en Gualeguaychú”.
Fuee allí donde apuntó que, desde la Defensa Oficial “requerimos que se asigne un cupo a la jurisdicción de Entre Ríos, en atención a que necesitamos tener un contacto directo con (Pablo) Laurta, para avanzar con el proceso penal”.
Aun así, señaló que “deberemos coordinar ambas jurisdicciones sobre la procedencia y la estadía de Laurta, pero todavía es prematuro informar con certeza al respecto”. por último, no descartó la posibilidad de que, “ante la naturaleza de los hechos, se analice un proceso de psicotización” en la causa. Lo cual consiste en una evaluación pericial psiquiátrica o psicológica, para determinar el estado mental de una persona involucrada en un proceso legal. Una evaluación que busca conocer el estado mental del individuo, para saber si afecta su responsabilidad penal, la credibilidad de su testimonio o la gravedad de un daño.