En diálogo con Diario Río Uruguay, el fiscal de Estado de la provincia de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, explicó que esto “se remonta a la década del 90”, cuando “la Nación transfirió a las provincias los servicios educativos y varios servicios nacionales sin financiamiento y, además, se firmó un pacto fiscal aportando el 15% de la coparticipación para asistir a la ANSES”.
Por otro lado, recordó que “nosotros podíamos transferir la caja de jubilaciones a la Nación o Nación nos tenía que financiar el déficit previsional”, pero “resulta que las provincias cumplimos con los acuerdos y desde Nación jamás se cumplieron”.
Según sus palabras, la problemática “tiene una larga historia”, pero “contribuyó al desfinanciamiento de las provincias, hasta que en el año 2017 se hizo un nuevo pacto fiscal por el cual la Nación se obligó a restituir el 15%. Esa parte se cumplió y también se obligó a financiar el déficit previsional como si fuera un déficit equiparado al del ANSES, como si fueran iguales. Parte que cumplió parcialmente”.
La demanda
Luego, en el 2024, Rodríguez Signes recordó que “el gobernador Frigerio tomó la decisión de presentar la demanda y me instruye a mí a presentarla. Lo hicimos ante la Corte y estamos ya corriendo el traslado de esa demanda. Pedimos una audiencia de conciliación que se fijó para el 12 de noviembre, pero la semana pasada el Ejecutivo y el ANSES hicieron un acuerdo parcial”.
¿En qué consiste dicho acuerdo? En que “la Nación reconoce 48 mil millones de pesos, que se los va a pagar en 8 cuotas de 6 mil millones cada una y, por otro lado, el saldo final se compromete a cancelarlo después de una auditoría que se debería hacer en los próximos 8 o 10 meses, aproximadamente”, apuntó.
El problema es que “mientras ese convenio se cumple, el proceso judicial se suspende”. No obstante, aclaró que “la provincia no renuncia a ningún derecho”, sino que solo “se suspende y, si al término de este procedimiento la provincia recibe el total de su pretensión, ahí se desiste. Si no, sigue el juicio”.
Antecedentes
En cuanto a casos similares, el fiscal de Estado mencionó “el de la provincia de Córdoba, que va un poquito más adelante que nosotros porque presentaron la demanda antes, pero todavía no concluyó, con lo cual estamos prácticamente iguales”.
Por otra parte, repasó que “Santa Fe no logró una conciliación, la provincia de Buenos Aires tampoco, La Pampa fue citada a una conciliación ahora para noviembre. Es decir, Córdoba y nosotros somos los que estamos un poco más adelantados”.
Asimismo, detalló que “hay provincias que transfirieron las cajas, pero al transferir la caja, uno se somete al régimen del ANSES en cuanto a las edades, en cuanto a la tasa de movilidad de la jubilación”.
Salto Grande
El fiscal también se refirió al caso de Salto Grande y reconoció que se trata de “otro planteo que ha tenido avances en el sentido de que el gobierno nacional dictó el decreto 450, que también en gran medida está en línea con lo que nosotros demandamos”.
Al respecto, reconoció que “es un tema muy técnico el de los excedentes de Salto Grande y el cumplimiento de los acuerdos del año 1998. También estamos hablando de acuerdos que no se cumplen, pero ahí no hay acuerdo administrativo”.
Esto, según sus palabras, se debe a que “el gobernador ha dado instrucciones de seguir adelante porque, si bien hubo una leve modificación de la tarifa de Salto Grande, no satisface las pretensiones mínimas de la provincia, de recuperar un promedio de excedentes parecido al de 2002-2012”.
Diferencia
Teniendo esto en cuenta, Rodríguez Signes detalló que durante ese período “la provincia recibió regularmente los fondos de Salto Grande”, pero “desde el 2003 en adelante se desnaturalizó y cayeron muchísimo, a punto tal de que hoy estamos entre los 6 y los 8 mil millones de dólares al año y nuestra pretensión, por lo menos, cuadruplica esa suma”.
En comparación, mencionó que los cálculos en el caso de la represa de Yacyretá arrojan “un 40% de diferencia más o menos”. Sin embargo, aclaró que “nosotros decimos que debe restaurarse el cumplimiento del acuerdo de 1998, que arrojaría un excedente muy distinto al que arroja hoy y Yacyretá no tiene un régimen de distribución de excedentes como el que tenemos”.
Por último, aclaró que “como mínimo vamos al promedio de lo que recibimos entre 2002 y 2012”, debido a que “a partir del 2013, la Secretaría de Energía de la Nación comenzó a manipular, a través de resoluciones, determinadas variables, determinados precios que disminuyeron los excedentes medidos en dólares”, lo que “perjudica a la región”.
