Desde el ministerio de Desarrollo Urbano de la provincia de Entre Ríos brindaron más detalles sobre la iniciativa que busca fomentar el trabajo para mujeres mayores de 25 años que fueron víctimas de violencia.

En diálogo con Diario Río Uruguay, la directora de Mujeres de la secretaría de Políticas del Cuidado del ministerio de Desarrollo Urbano, explicó que se trata de “una nueva iniciativa que impulsamos desde el gobierno provincial”, ya que si bien “antes había una ayuda económica, pertenecía al gobierno nacional y desde que iniciamos la gestión pensamos en esto de generar oportunidades laborales para las mujeres víctimas de violencia e impulsar la autonomía económica en ellas, porque en las estadísticas encontramos que la mayoría están atravesadas por lo que es este tipo de modalidad de violencia económica”.

Además, señaló que “en su mayoría se han dedicado al cuidado de sus hijos y no tienen lo que es una experiencia laboral”, por lo que “acercamos esta propuesta al gobernador y la verdad que quedó encantadísimo”, por lo que “desde el año pasado comenzamos con todas las investigaciones para poder llevar adelante este programa de entrenamiento laboral a mujeres mayores de 25 años”.

La propuesta

Al respecto, explicó que “en esta oportunidad lo hicimos para mujeres víctimas de violencia de género que hayan pasado por un hogar de protección integral”, que son “dispositivos donde las mujeres en situación de violencia acuden para protegerse del riesgo ante sus agresores”.

Entre otras cosas, destacó que “la idea es que todas las empresas que quieran participar de este programa se acerquen” e informó que “pueden encontrarlo en la página del portal del gobierno de Entre Ríos, con los requisitos para poder participar de ese programa”.

Asimismo, apuntó que “la idea es hacer un aporte desde el Estado provincial a las mujeres”, mientras que “otro aporte lo haría la empresa”, para alcanzar “una sumatoria de 500 mil pesos mensuales aproximadamente”.

En cuanto al entrenamiento, subrayó que “consta de seis meses y se va a celebrar un convenio entre el Estado y las empresas y, además, un convenio tripartito entre la beneficiaria, la empresa y el Estado”.