La causa por el proyecto industrial frente a costas entrerrianas sumó nuevas medidas, ya que intervino la Defensora Pública Oficial, se designó una perito bióloga y se activaron exhortos internacionales.
La resolución, fechada el 24 de abril, se inscribe en la causa impulsada por Guillermo Michel, Marianela Marclay y Adán Bahl, quienes cuestionan el posible impacto del emprendimiento sobre el río Uruguay y las costas de Entre Ríos.
En ese marco, Michel destacó que “la resolución adoptada por la Justicia es fundamental para la defensa de las costas entrerrianas del río Uruguay”, y subrayó que el expediente “ya cuenta con la intervención de la Defensora Pública Oficial, se designó un perito biólogo y se avanzó en el pedido de información a la CARU”.
Intervención oficial y notificaciones internacionales
Uno de los avances centrales fue la intervención de la Defensora Pública Oficial ante los Juzgados Federales de Primera Instancia de Concepción del Uruguay, María José Bonifacino.
La funcionaria tomó participación conforme a lo establecido en el artículo 327 del Código Procesal Civil y Comercial, que prevé su actuación en casos donde deban producirse pruebas y medien situaciones de urgencia.
Además, solicitó que se notifique a las partes demandadas —el Estado uruguayo y la empresa HIF— a través del consulado correspondiente y/o la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU).
Pericia ambiental y estudios en el territorio
En paralelo, fue designada como perito la bióloga Viviana Beatriz Cousté, quien aceptó el cargo y acreditó su idoneidad técnica para llevar adelante la tarea.
Según detalló, la labor requerirá trabajos de campo “in situ”, incluyendo relevamientos ambientales, identificación de puntos de acceso y toma de muestras de agua superficial.
Estas muestras serán sometidas a análisis fisicoquímicos y microbiológicos, con el objetivo de evaluar posibles impactos sobre el ecosistema del río Uruguay. La profesional cuenta con antecedentes en causas ambientales de relevancia, como su participación en el caso del Riachuelo.
Pedido de informes clave a la CARU
Por otra parte, ya se encuentran en trámite exhortos internacionales y un pedido formal de informes a la CARU, organismo binacional que regula el uso del río Uruguay.
El requerimiento, dirigido a su presidente Raúl Luis Montero, apunta a determinar si el proyecto fue comunicado oficialmente y si se presentó un estudio de impacto ambiental transfronterizo.
En particular, se busca establecer si la empresa HIF Uruguay S.A. —o firmas vinculadas— cumplió con los procedimientos exigidos para este tipo de emprendimientos.
La CARU deberá responder en un plazo de diez días hábiles, en lo que se considera un punto clave para el avance de la causa.
Por último, Michel cuestionó la postura del Gobierno provincial y remarcó que “este tema no da lugar para ‘berreteadas’ ni para ‘pensar en la chiquita’”, al tiempo que sostuvo que los vecinos de Colón “necesitan que la planta se relocalice” y reclamó “profesionalismo y constancia de trabajo” en lugar de “títulos en los medios o videítos en redes”.
