La Justicia Federal dio un nuevo paso en la causa iniciada para prevenir eventuales daños ambientales derivados de la instalación de la planta de combustibles sintéticos e hidrógeno verde proyectada en la ciudad uruguaya de Paysandú. Mediante una resolución firmada este 31 de julio por el juez federal Hernán S. Viri, del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay N° 2, se fijó para el 21 de agosto, a las 10, la realización de un reconocimiento judicial con intervención de la perito bióloga designada en el expediente.
La medida se enmarca en la acción judicial preventiva de daños promovida por legisladores nacionales del peronismo contra la República Oriental del Uruguay, el Estado uruguayo y otros demandados, por la posible afectación ambiental que podría generar el emprendimiento industrial sobre el río Uruguay y las comunidades de ambas márgenes.
En la resolución, el magistrado dispuso que, tras aceptar el cargo la licenciada Viviana Beatriz Couste, se lleve adelante el reconocimiento judicial ordenado previamente por una resolución interlocutoria del 10 de abril de este año.
La inspección será el 21 de agosto
Según el documento judicial, las partes deberán presentarse el 21 de agosto en la sede de la Prefectura Naval Argentina, Zona Bajo Uruguay, ubicada en la ciudad de Concepción del Uruguay, desde donde comenzará el procedimiento de reconocimiento judicial.
La inspección contará con la participación de la perito bióloga designada por la Justicia, quien tendrá a su cargo las tareas técnicas vinculadas a la evaluación de las condiciones ambientales relacionadas con el objeto de la demanda.
El expediente, caratulado "Michel, Guillermo y otros c/ República Oriental del Uruguay - Estado Uruguayo y otro s/ daños varios", busca determinar si existen riesgos o potenciales perjuicios ambientales derivados del proyecto industrial impulsado en la margen oriental del río Uruguay.
Michel destacó la decisión judicial
Tras conocerse la resolución, el diputado nacional Guillermo Michel sostuvo que la decisión representa un avance en el reclamo judicial iniciado por los legisladores. "Cuando se inició este conflicto planteamos que la salida era aplicando la ley y la Justicia está actuando", afirmó.
Además, cuestionó la postura del Gobierno nacional frente al conflicto y aseguró que "la inacción del Gobierno genera incertidumbre en las comunidades de la región que ya están viendo afectada la actividad turística por la instalación de la planta".
La causa continuará ahora con la realización del reconocimiento judicial, una medida considerada clave para reunir elementos técnicos que permitan evaluar la eventual existencia de riesgos ambientales sobre el río Uruguay, eje central del planteo presentado ante la Justicia Federal.
