Los controles se enmarcan en las denuncias internas por presuntas irregularidades por 103 millones de pesos y en el caso que derivó en el desplazamiento de la excoordinadora de comedores del departamento Concordia.
El Tribunal de Cuentas de Entre Ríos informó, este jueves, que llevó adelante nuevas tareas de auditoría en el marco del Programa Nacional de Refuerzo Alimentario (RAN), destinado a garantizar el derecho a la alimentación de niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad social en la provincia. Según informaron desde el organismo, durante 2025 la inversión total para el funcionamiento de este programa en Entre Ríos alcanzó los 2.422.678.148,80 pesos.
En el ámbito de la Red Federal de Control Público, el Tribunal de Cuentas tiene a su cargo la supervisión de programas nacionales de inclusión social y de inversión pública que se ejecutan en el territorio entrerriano. El objetivo es verificar que las políticas de contención, promoción, desarrollo, integración e igualdad social lleguen efectivamente a quienes las necesitan, evaluando su desempeño y contribuyendo a su mejoramiento.
Denuncias internas y el caso que sacudió a Concordia
Según se detalló oficialmente, las auditorías se reforzaron luego de las denuncias formuladas por la Dirección de Comedores Escolares del Ministerio de Desarrollo Humano, donde se detectaron irregularidades en controles internos por un monto que se cuantificó en 103 millones de pesos. Sobre esa base, el Tribunal de Cuentas inició actuaciones administrativas para investigar la eventual responsabilidad de funcionarios y empleados vinculados a la gestión de los comedores escolares.
Este proceso se da luego del caso que tuvo como epicentro al departamento Concordia y que derivó en el desplazamiento de la entonces coordinadora de Comedores Escolares, Silvina Murúa. Tal como informó oportunamente Diario Río Uruguay, el gobierno provincial dejó sin efecto su designación mediante un decreto firmado por el gobernador Rogelio Frigerio y la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, en el que se aludía a la necesidad de “reorganizar” la coordinación departamental, en un contexto donde se analizaban presuntas irregularidades administrativas.
En una entrevista posterior con este medio, la propia Murúa afirmó que había presentado denuncias por presunta malversación de fondos y describió situaciones como “proveedores fantasma”, sobreprecios y diferencias entre la cantidad de raciones facturadas y las efectivamente servidas en algunas escuelas del departamento Concordia.
Controles en escuelas de Paraná, Diamante y Concordia
En este nuevo capítulo de auditorías, el Tribunal de Cuentas informó que sus equipos técnicos realizaron visitas y controles en establecimientos educativos de los departamentos Paraná, Diamante y Concordia. A través de un muestreo, se fiscalizó la ejecución y utilización de los recursos invertidos en comedores escolares bajo la órbita del Programa RAN.
Las actuaciones administrativas ya iniciadas apuntan a determinar si, por acción u omisión, algún funcionario o empleado generó un daño o perjuicio al Estado provincial. Una vez concluidas, los resultados de estas investigaciones podrán derivar en sanciones administrativas o en el eventual envío de lo actuado a la Justicia, según se desprende del procedimiento habitual del organismo.
Desde el Tribunal de Cuentas remarcaron la importancia de los controles permanentes sobre los distintos programas que ejecuta el Ministerio de Desarrollo Humano, dado el impacto social de estas políticas. Recordaron que, en auditorías anteriores, el organismo ya había detectado irregularidades en otros planes –como el Programa Jóvenes Emprendedores–, que incluso derivaron en presentaciones penales, lo que refuerza el rol del control externo para asegurar que los fondos públicos lleguen a destino y cumplan con el fin para el que fueron asignados.
