El gobierno de Entre Ríos comenzó a delinear medidas concretas frente a la creciente cantidad de amenazas y mensajes intimidatorios registrados en establecimientos educativos de la provincia. En una reunión interministerial e interdisciplinaria, autoridades del Consejo General de Educación, la Policía, el área de Justicia y organismos de niñez analizaron herramientas legales para que los responsables afronten las consecuencias económicas de estos hechos.
Del encuentro participaron el presidente del CGE, Carlos Cuenca; el jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González; el secretario de Justicia, Julián Maneiro; el juez Penal de Niños y Adolescentes, Pablo Barbirotto, entre otros funcionarios vinculados a la temática.
La principal medida evaluada apunta a impulsar acciones civiles para recuperar los gastos que demanda la activación de protocolos de seguridad, especialmente en casos de amenazas de bomba o posibles ataques armados dentro de escuelas.
Reclamo económico a las familias
Desde el gobierno provincial remarcaron que, más allá de las limitaciones que puedan existir en el ámbito penal cuando los autores son menores de edad, existe la posibilidad de avanzar por la vía civil para exigir una reparación económica por los daños ocasionados.
“Cada vez que se activa un protocolo por amenaza de bomba o tiroteo, se movilizan recursos humanos, logísticos y tecnológicos que tienen un costo altísimo para los contribuyentes. Ese despliegue, provocado por una conducta irresponsable, configura un daño patrimonial que el Estado no tiene por qué absorber”, señalaron durante la reunión.
Según se explicó, la medida se sustenta en lo establecido por el Código Civil y Comercial de la Nación, particularmente en los artículos 1753 y 1755, que establecen la responsabilidad civil de progenitores o tutores en este tipo de situaciones.
Más de 250 millones en operativos
De acuerdo a lo informado por las áreas de seguridad, el costo acumulado de los operativos desplegados por amenazas en distintas localidades de Entre Ríos ya supera los 250 millones de pesos.
El cálculo incluye la movilización de móviles policiales, brigadas especializadas en explosivos, recursos tecnológicos, personal capacitado y horas de trabajo que, según advirtieron, dejan de destinarse a tareas preventivas vinculadas al delito común.
Además, destacaron que gracias al trabajo de inteligencia tecnológica desarrollado por la fuerza policial ya se logró identificar a la mayoría de los autores involucrados en distintas causas judiciales.
Piden mayor control sobre el uso de dispositivos
Durante la reunión también participó el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia, desde donde se insistió en la necesidad de que las familias acompañen y supervisen el uso de dispositivos digitales por parte de niños y adolescentes.
Desde la mesa de seguimiento remarcaron que este tipo de episodios “no constituyen una simple broma estudiantil”, sino conductas que generan alarma pública, alteran el funcionamiento de instituciones educativas y demandan una importante inversión de recursos estatales.
