Reforma jubilatoria. La Justicia entrerriana rechazó una acción de amparo presentada por un jubilado del ex Banco de Entre Ríos contra el Estado provincial y la Caja de Jubilaciones y Pensiones, mediante la cual pretendía que se declarara la inconstitucionalidad de la reforma previsional establecida por la Ley 11.302.
La sentencia fue dictada el 12 de noviembre por el juez Juan Francisco Malvasio, quien declaró inadmisible la presentación y dispuso que las costas del proceso quedaran a cargo del demandante.
El reclamo apuntaba a mantener el mecanismo anterior de movilidad jubilatoria, que vinculaba la actualización de sus haberes con los incrementos salariales del sector bancario, en lugar del nuevo sistema establecido por la reforma, que toma como referencia al escalafón con mayor cantidad de aportantes del Estado provincial.
Los aumentos percibidos por el jubilado
Durante el proceso judicial, la Caja de Jubilaciones informó que el beneficiario había percibido todos los incrementos salariales bancarios que le correspondían hasta la entrada en vigencia de la reforma previsional, el pasado 22 de agosto.
Además, el organismo presentó una comparación entre los aumentos aplicados durante septiembre, primer mes en el que comenzó a regir el nuevo mecanismo de movilidad, y los incrementos salariales registrados en el sector bancario.
Según los datos aportados por la Caja, durante ese período el jubilado recibió una actualización del 3,5 por ciento, mientras que el incremento salarial bancario fue del 1,9 por ciento. De esta manera, el aumento aplicado mediante el nuevo sistema resultó 1,6 puntos porcentuales superior al que habría correspondido bajo el mecanismo anterior.
La postura de los organismos provinciales
En el expediente, tanto la Caja de Jubilaciones como la Fiscalía de Estado defendieron la legalidad de la reforma previsional y cuestionaron la vía judicial elegida por el demandante para plantear la inconstitucionalidad de la Ley 11.302.
Ambos organismos sostuvieron que la discusión sobre la validez constitucional de la normativa debía canalizarse mediante los procedimientos judiciales específicos y no a través de una acción de amparo, por considerar que esa herramienta no resultaba adecuada para abordar la controversia planteada.
Por su parte, la Fiscalía de Estado también expuso la situación financiera del sistema previsional entrerriano, al referirse a su déficit estructural y a la necesidad de preservar la sustentabilidad de la Caja. En ese sentido, incorporó argumentos vinculados con el carácter solidario del régimen y los derechos del conjunto de los beneficiarios.
Los fundamentos del rechazo judicial
Al resolver la presentación, el juez Juan Francisco Malvasio coincidió con el dictamen del Ministerio Público Fiscal y consideró que la controversia planteada requiere un debate más amplio y una producción de pruebas que exceden las posibilidades procesales de una acción de amparo.
El magistrado entendió que la discusión sobre la constitucionalidad de la reforma previsional no podía resolverse mediante el procedimiento elegido por el jubilado, debido a que la cuestión requiere un análisis más profundo de los argumentos y elementos involucrados. En consecuencia, concluyó que existen otras vías judiciales más adecuadas para que el demandante pueda plantear su cuestionamiento contra la normativa provincial y dispuso declarar inadmisible la acción presentada contra el Estado entrerriano y la Caja de Jubilaciones y Pensiones.
De esta manera, la sentencia rechazó el amparo y estableció que las costas del proceso quedaran a cargo del jubilado que promovió la demanda. No obstante, el fallo no resolvió sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la reforma previsional establecida por la Ley 11.302. La decisión se limitó a determinar que el planteo debe tramitarse mediante los procedimientos judiciales correspondientes, al considerar que la vía del amparo no era la adecuada para resolver esa controversia.
