Educación privada
El gobierno nacional desreguló completamente los precios de las cuotas y matrículas de los colegios de gestión privada.
La medida fue plasmada este martes mediante la publicación del Decreto 787/2025 en el Boletín Oficial, con la que derogó el Decreto N° 2417 de 1993, instando a las instituciones a implementar su propia “política de precios”.
Dicha norma había complementado el marco del financiamiento educativo establecido en 1991 (Decreto N° 2542/91), introduciendo regulaciones específicas para los aranceles y la comunicación de precios a los responsables de los alumnos.
No obstante, el gobierno justifica la nueva medida argumentando que la normativa anterior presentaba limitaciones que dificultaban la adaptación de los institutos de enseñanza a las realidades económicas y educativas actuales.
Además, se señala que el contexto normativo y fáctico de su origen ya no es aplicable, dado que la administración educativa fue transferida a las provincias conforme al principio federal.
La decisión del Gobierno nacional se produce en un contexto donde las instituciones educativas definen sus matrículas para 2026.
Las autoridades nacionales indicaron que la intervención del Estado en la regulación y el financiamiento de los establecimientos privados, aunque buscaba garantizar la calidad, había generado efectos contraproducentes que afectaban la viabilidad económica de las instituciones.
En Entre Ríos
El Consejo General de Educación (CGE) informó que el Decreto Nacional Nº 787/2025, recientemente dictado por el Poder Ejecutivo, alcanza exclusivamente a entidades educativas no subvencionadas por la provincia y que se sostienen íntegramente con los aranceles abonados por las familias.
En rigor, la nueva medida alcanzará a 19 instituciones de Entre Ríos.
Además, se aclaró que el nuevo decreto deroga la normativa que, desde hace tres décadas, regulaba el sistema de aranceles de la educación privada. A partir de ahora, estas instituciones no deberán solicitar autorización al Estado nacional para modificar o actualizar sus cuotas y matrículas.
La disposición, publicada en el Boletín Oficial deja sin efecto el Decreto Nº 2.417/93, con el propósito de actualizar el marco normativo de acuerdo con la actual organización federal del sistema educativo, y otorgar mayor autonomía a las jurisdicciones provinciales en la definición de sus criterios de regulación y supervisión.
Según se aclaró oficialmente, las escuelas con aportes estatales (subvencionadas) continúan regidas por la Resolución Nº 1.332/25 del CGE, que establece los aranceles vigentes para el presente año, sin modificaciones en su régimen de funcionamiento ni en los procedimientos administrativos y económicos establecidos.
"La Dirección de Educación de Gestión Privada del CGE se encuentra analizando los alcances operativos y jurídicos del nuevo decreto en coordinación con la Dirección Nacional de Educación Pública de Gestión Privada, con el objetivo de garantizar claridad normativa, seguridad jurídica y previsibilidad institucional en el funcionamiento del sistema educativo provincial", se detalló desde el gobierno provincial.
