El Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay condenó este lunes a Néstor Alfredo Gómez del Junco y a Roberto Oscar Caserotto a diez años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos en la ciudad durante el terrorismo de Estado.
La sentencia fue dictada por mayoría en el marco de la causa que investigó secuestros, tormentos y la participación de ambos acusados en una asociación ilícita destinada a la persecución de opositores políticos. El tribunal consideró acreditados diversos hechos ocurridos entre mayo de 1977 y enero de 1978, cuyas víctimas fueron militantes y ciudadanos perseguidos por razones políticas.
En el caso de Gómez del Junco, los jueces lo declararon coautor de privaciones ilegales de la libertad agravadas, aplicación de tormentos agravados por la condición de perseguidos políticos de las víctimas y asociación ilícita. Los magistrados calificaron todos los hechos como delitos de lesa humanidad.
Penas e inhabilitación perpetua
La condena impuesta a Gómez del Junco fue de diez años de prisión, inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos y las accesorias legales previstas en el Código Penal.
Por su parte, Caserotto fue hallado responsable de privaciones ilegales de la libertad agravadas, tormentos agravados y asociación ilícita. En su caso, el tribunal consideró probados hechos que tuvieron como víctimas a nueve personas, entre ellas dos menores de edad.
Al igual que su consorte de causa, Caserotto recibió una pena de diez años de prisión, inhabilitación absoluta y perpetua y deberá afrontar las costas del proceso junto al otro condenado.
Sitios de memoria y nuevas actuaciones
En otro de los puntos destacados del fallo, el tribunal dispuso remitir una copia de la sentencia a la Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad de Concepción del Uruguay para impulsar la señalización como sitios de memoria de la Unidad Penal Nº 4, el Escuadrón 6 de Gendarmería Nacional y la denominada “Casa de Bernay”.
Asimismo, los jueces ordenaron extraer testimonio de la declaración realizada durante el debate por Mirta María del Carmen Bochatay y ponerla a disposición de la Fiscalía Federal para que evalúe posibles responsabilidades penales surgidas de los hechos denunciados.
Los fundamentos completos de la sentencia serán dados a conocer el próximo 18 de junio, según resolvió el Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay al cierre de la audiencia.
