Kueider quedó bajo una nueva prisión domiciliaria
La Justicia de Paraguay dispuso una nueva prisión preventiva domiciliaria para el exsenador entrerriano Edgardo Kueider y su pareja, Iara Guinsel, en el marco de la investigación por presunto lavado de activos. La medida fue dictada por el juez de Garantías Humberto Otazú, quien además les prohibió salir del país sin autorización judicial.
Fallo
La resolución se adoptó durante una audiencia vinculada a la causa que investiga el supuesto ingreso de dinero de origen ilícito a Paraguay y su presunto blanqueo mediante operaciones inmobiliarias. El magistrado fundamentó la decisión en que ambos son ciudadanos extranjeros y no cuentan con arraigo en ese país.
Otazú también requirió a la defensa que presente una fianza para ambos imputados. En tanto, concedió la libertad a los paraguayos Amado Andrés Torales Benegas y José Fernando Cousirat, investigados por su presunta participación a través de la firma Golsur S.A., utilizada, según la hipótesis de la investigación, para concretar la compra de inmuebles. Los investigadores sospechan que ambos habrían actuado como testaferros.
Durante la audiencia, el abogado defensor Carlos Arévalo solicitó la libertad de Kueider y Guinsel, argumentando que ambos han cumplido con todas las disposiciones judiciales desde su detención.
El exsenador y su pareja fueron arrestados el 4 de junio de 2024 en la cabecera paraguaya del Puente de la Amistad, cuando intentaban ingresar al país con 200.000 dólares sin declarar. Actualmente permanecen bajo arresto domiciliario en un departamento de la ciudad de Luque, cercana a Asunción, donde cumplen la medida judicial.
La audiencia con Otazú debía realizarse el pasado miércoles 15 de julio. Por pedido de las defensas, Otazú decidió reprogramar para el jueves 23. Los abogados Carlos Arévalos Giret y Marcelo Bogado, que patrocinan a Kueider y Guinsel, lo solicitaron debido a la superposición de audiencias en otras causas judiciales.
El exsenador y su actual pareja fueron imputados en Paraguay durante junio por lavado de activos. Según cuál sea la calificación legal que determine la Fiscalía del país vecino, las penas podrían ir de los 5 a los 10 años.
Fuente: Infobae.
