El peronismo entrerriano expresó este martes su "rechazo categórico y absoluto" al proyecto de reforma previsional impulsado por el gobernador Rogelio Frigerio y al dictamen de mayoría aprobado en la Cámara de Senadores de Entre Ríos. La postura fue fijada mediante un documento suscripto por las autoridades del Consejo Provincial del Partido Justicialista, los bloques de senadores y diputados provinciales, la Liga de Intendentes y los legisladores nacionales del espacio.
En el comunicado, el PJ responsabilizó al oficialismo provincial por impulsar una iniciativa que, según sostuvo, representa "un retroceso histórico y una flagrante regresión en materia de derechos humanos y sociales". Además, cuestionó la estrategia del Gobierno de instalar una supuesta confrontación entre trabajadores del sector público y privado, al considerar que se trata de una "falsa e inexistente guerra" destinada a justificar una reducción de derechos.
Desde el espacio opositor también vincularon el proyecto con las políticas económicas implementadas por el presidente Javier Milei. Según señalaron, "las políticas de ajuste nacional, la parálisis económica y el desplome de la recaudación por la recesión son los factores que impulsan esta reforma bajo la premisa del déficit cero".
Críticas al contenido de la iniciativa
En el documento, el peronismo sostuvo que el Gobierno provincial mantiene un alineamiento con la administración nacional y cuestionó que no reclame ante la Nación los recursos previsionales que, según afirmó, corresponden a Entre Ríos. En ese sentido, indicó que el Ejecutivo provincial "ha decidido no reclamar firmemente los recursos previsionales que por ley le corresponden a Entre Ríos", lo que, a su entender, implica una renuncia a fondos históricos de la Caja de Jubilaciones.
El PJ también enumeró los principales cuestionamientos técnicos y jurídicos al proyecto. Entre ellos, advirtió sobre el fin de la denominada movilidad histórica al modificar el mecanismo de actualización de los haberes jubilatorios; cuestionó los cambios en el cálculo del 82% móvil, al considerar que la ampliación del período de remuneraciones tomadas para calcular el haber inicial provocará una reducción de las jubilaciones futuras; y rechazó la declaración de emergencia previsional por entender que otorgaría facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo para modificar aportes mediante decretos.
Asimismo, criticó la posibilidad de retener automáticamente fondos de coparticipación a los municipios para cancelar deudas previsionales, al considerar que ello afecta la autonomía municipal. También objetó el aporte solidario previsto para determinados regímenes especiales, al que calificó como una "confiscación" para sectores vinculados a tareas de desgaste psicofísico.
Cuestionamientos por el impacto sobre mujeres y advertencia interna
Otro de los ejes del documento fue el impacto que, según el PJ, tendría la reforma sobre las mujeres. El partido sostuvo que el proyecto incrementa la edad jubilatoria, afecta especialmente a sectores altamente feminizados como la docencia y la salud pública, y limita las pensiones por viudez en determinados casos, lo que, a su criterio, vulnera tratados internacionales de protección de los derechos de las mujeres.
También cuestionó las modificaciones vinculadas a las pensiones por invalidez, señalando que exigir aportes recientes para acceder al beneficio dejaría sin cobertura a personas con enfermedades crónicas.
En el plano político, el comunicado fijó una postura interna respecto del tratamiento legislativo. El Consejo Provincial del PJ advirtió que cualquier legislador peronista que no vote en contra del proyecto estará adoptando "una posición estrictamente personal y en abierta desobediencia al mandato partidario". En ese sentido, recordó que el último Congreso del partido ya había ratificado la aplicación de sanciones para quienes no respeten las decisiones orgánicas.
Finalmente, el peronismo sostuvo que existía una alternativa para garantizar la sostenibilidad financiera de la Caja de Jubilaciones basada en la recuperación de fondos adeudados por la Nación y afirmó que el oficialismo decidió avanzar "sin consensos y legislar a ciegas".
El documento concluye con una advertencia sobre las posibles consecuencias judiciales de la iniciativa. Según el PJ, la reforma "nace con un altísimo nivel de conflictividad jurídica" y podría derivar en una "judicialización masiva" que termine generando mayores costos económicos para la provincia. Además, señaló que detrás de una eventual aprobación "hay miles de docentes, policías, enfermeros y empleados públicos cuyo futuro se verá afectado", y ratificó su defensa de un sistema previsional solidario.
