La Justicia de Entre Ríos quedó a un paso de cerrar mediante un juicio abreviado una de las causas por corrupción vinculadas al manejo de fondos públicos durante la anterior gestión provincial. Cuatro imputados, entre ellos tres exfuncionarios, confesaron haber participado en el desvío de recursos destinados al Programa Jóvenes Emprendedores y aceptaron cumplir tres años de prisión condicional, además de devolver al Estado más de 100 millones de pesos.
La audiencia se desarrolló este lunes ante el juez del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Mauricio Mayer, quien ahora deberá resolver si homologa el acuerdo alcanzado entre el Ministerio Público Fiscal, la Fiscalía de Estado y las defensas.
La maniobra investigada
Los acusados son el exsecretario de Desarrollo Económico y Emprendedor, Pedro Fernando Gebhart; los exfuncionarios Cristian Silvestre Klein y Claudio Alberto Rosas Vico; y Alejandro David Usatinsky, señalado como uno de los reclutadores de personas cuyos datos eran utilizados para gestionar créditos de manera fraudulenta.
Durante la audiencia, el fiscal Gonzalo Badano sostuvo que entre enero de 2018 y diciembre de 2023 los imputados ejecutaron un plan sistemático para apropiarse de fondos públicos mediante la simulación de 319 créditos del régimen de Promoción del Emprendedorismo Joven Entrerriano.
Según la investigación, los expedientes se confeccionaban con emprendimientos inexistentes, documentación apócrifa, firmas falsificadas y rendiciones de cuentas falsas. Además, se simulaban controles administrativos y gestiones de recupero para aparentar el funcionamiento normal del programa.
El perjuicio económico determinado hasta el momento asciende a 100.886.792 pesos, aunque desde la Fiscalía de Estado advirtieron que esa cifra corresponde únicamente al capital originalmente desviado y no contempla la actualización por inflación ni la posibilidad de que aparezcan nuevos casos.
Confesión y acuerdo
Como parte del acuerdo de juicio abreviado, los cuatro imputados reconocieron los hechos y aceptaron una condena de tres años de prisión de ejecución condicional, además de la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.
También deberán realizar 96 horas anuales de trabajos comunitarios y, dentro de los 60 días hábiles posteriores a que la sentencia quede firme, abonar solidariamente 100.886.792 pesos en concepto de reparación económica al Gobierno de Entre Ríos.
La Fiscalía calificó los hechos como peculado para los tres exfuncionarios, mientras que Usatinsky fue considerado partícipe necesario por no revestir la condición de funcionario público.
Al fundamentar el acuerdo, el Ministerio Público Fiscal señaló como atenuantes la confesión de los acusados, la ausencia de antecedentes penales, el ahorro de recursos judiciales que implica evitar el juicio oral y el compromiso de reparación económica. Como agravantes valoró el monto sustraído, la continuidad de las maniobras durante varios años, la cantidad de personas involucradas y la utilización de un programa con fines sociales.
Cómo operaba la maniobra
Durante la audiencia, el fiscal Badano describió un esquema que incluía la captación de personas en situación de vulnerabilidad, a quienes se les hacía firmar documentación o se utilizaban sus datos personales para tramitar créditos.
En numerosos casos, los supuestos beneficiarios creían estar accediendo a subsidios o ayudas estatales no reintegrables. Una vez acreditados los fondos, retiraban el dinero de entidades bancarias y entregaban casi la totalidad a los organizadores de la maniobra, recibiendo únicamente sumas que oscilaban entre los 6.000 y los 50.000 pesos.
La investigación también detectó el uso de fotografías tomadas de internet para simular emprendimientos, facturas falsas, correos electrónicos inexistentes para aparentar intimaciones de pago y conversaciones entre imputados en las que se analizaba cómo responder a los requerimientos del Tribunal de Cuentas e incluso la posibilidad de destruir pruebas.
Además, según la acusación, testimonios incorporados al expediente indican que buena parte del dinero terminaba en manos de quienes dirigían la organización, mientras que los reclutadores recibían una participación menor.
La investigación
La causa se inició a partir de auditorías del Tribunal de Cuentas, cuyos inspectores comprobaron que numerosos emprendimientos financiados por el programa nunca habían existido.
Las irregularidades fueron denunciadas por la fiscal del organismo, Nanci Vinagre, lo que dio origen a la investigación encabezada por el fiscal Gonzalo Badano. En paralelo, la Fiscalía de Estado, representada por Julio Rodríguez Signes, interviene como actor civil y anticipó que continuará con la demanda para reclamar el recupero integral del perjuicio económico ocasionado a la provincia.
Ahora será el juez Mauricio Mayer quien deberá resolver, en los próximos días, si homologa el acuerdo alcanzado entre las partes y dicta la sentencia correspondiente.
Fuente: Análisis Digital
