Más presupuesto para Salud Mental en Entre Ríos
El pedido al Gobierno provincial consideró la situación de emergencia en salud mental de niñas, niños y adolescentes en la provincia; los reiterados episodios de amenazas, intimidaciones y hechos de violencia con armas en distintas escuelas provinciales y nacionales; y las insuficiencias estructurales del presupuesto destinado a programas de atención psicológica y psiquiátrica infantojuvenil.
Salud mental
Este martes ingresó un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados de la provincia solicitando que el Poder Ejecutivo “con carácter de urgencia e inmediatez, disponga la ampliación del crédito presupuestario destinado a programas de salud mental de niñas, niños y adolescentes en el marco del ejercicio fiscal 2026, en una magnitud que resulte acorde con la gravedad de la situación descripta y con los estándares constitucionales y convencionales aplicables en la materia”.
También se instó a que “en forma coordinada entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación de la Provincia, proceda a la ejecución urgente de programas integrales de prevención, detección temprana y atención psicológica y psiquiátrica en el ámbito escolar y comunitario, que incluyan, como mínimo, las siguientes acciones: "a) incorporación y/o fortalecimiento de equipos interdisciplinarios de salud mental en todos los niveles del sistema educativo provincial; b) implementación de protocolos de intervención ante crisis emocionales, conductas violentas y riesgo suicida en instituciones escolares; c) desarrollo de programas de formación y acompañamiento dirigidos a docentes, directivos y familias en materia de salud mental infanto-juvenil; d) garantía de acceso equitativo a medicación psiquiátrica esencial para niñas, niños y adolescentes en todos los departamentos provinciales”.
El proyecto, de la diputada peronista, Lorena Arrozogaray, solicitó que el Gobierno “en el plazo perentorio de 30 días corridos contados a partir de la recepción de la presente resolución, remita a esta Honorable Cámara un informe detallado que contenga: a) las medidas concretas adoptadas en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos precedentes; b) el monto del incremento presupuestario dispuesto o a disponerse para salud mental de niñas, niños y adolescentes; c) el cronograma de implementación de los programas integrales referidos en el artículo 2°; d) los indicadores de gestión previstos para el monitoreo y evaluación de las acciones adoptadas”.
La legisladora instó a la Cámara a acompañar el pedido de resolución ante “la gravedad y urgencia de la situación descripta, la insuficiencia acreditada del presupuesto vigente, y la necesidad de una respuesta estatal inmediata, integral y territorializada determinan la pertinencia de la presente resolución, sin perjuicio de las iniciativas legislativas complementarias que puedan promoverse en orden a la modificación del marco normativo aplicable”.
Arrozogaray puntualizó que “el análisis del Presupuesto con Perspectiva de Niñez, Adolescencia y Familia (PPNAyF) y del Presupuesto General de la Provincia para el ejercicio 2026 revela una situación de marcada insuficiencia: la partida específica destinada a Salud Mental de Niñas, Niños y Adolescentes asciende a la suma de 627.968.000 pesos, lo que representa apenas el 0,0395% de la inversión total en niñez y el 0,0071% del Presupuesto General de la Provincia…”.
Así, advirtió que “en términos concretos, de cada un millón de pesos que la Provincia de Entre Ríos invierte en sus niñas y niños, destina solo 395 pesos a su salud mental, equivalente a siete centavos por cada mil pesos que administra el tesoro provincial”.
La legisladora sostuvo que “esta asignación marginal evidencia que la salud mental infanto-juvenil no integra el núcleo de la planificación estratégica provincial, operando como una mera partida de mantenimiento simbólico frente a una demanda social creciente”, y agregó que “para los 17 departamentos que integran el territorio provincial, una partida anual de 627.000.000 pesos resulta manifiestamente insuficiente para sostener equipos interdisciplinarios estables, garantizar el acceso a medicación psiquiátrica esencial, desarrollar programas de prevención del suicidio con alcance real y territorial, y brindar atención psicológica y psiquiátrica continua en el ámbito escolar y comunitario, la debilidad presupuestaria se traduce, en la práctica, en la desprotección de miles de niñas, niños y adolescentes entrerrianos que no acceden a atención oportuna”.
Amenazas
En los fundamentos, se resaltó “la situación de emergencia en materia de salud mental de niñas, niños y adolescentes en el ámbito de la Provincia de Entre Ríos; los reiterados episodios de amenazas, intimidaciones y hechos de violencia con armas en establecimientos educativos registrados en distintas localidades provinciales y en el territorio nacional; las insuficiencias estructurales del presupuesto destinado a programas de atención psicológica y psiquiátrica infantojuvenil”; y que “en los últimos meses se han registrado en distintos establecimientos educativos de la Provincia de Entre Ríos — y en el conjunto del territorio nacional — episodios de amenazas, intimidaciones y hechos de violencia con armas de fuego que generan fundada preocupación en la comunidad educativa, en las familias y en el conjunto de la sociedad”.
La diputada consideró que “… dichos eventos alteran gravemente la convivencia escolar, vulneran el derecho a la educación en un ambiente seguro y ponen en riesgo la integridad física y psíquica de los estudiantes, docentes y auxiliares de la comunidad educativa” y sostuvo que “frente a los hechos que se están verificando en distintas escuelas, resulta imperioso aportar una mirada responsable y de fondo”.
Asimismo entendió que “las amenazas que circulan generan preocupación lógica en la comunidad educativa y requieren respuestas inmediatas, pero también exigen una reflexión más profunda sobre el contexto en que se producen”, añadiendo que “la evidencia muestra que estos fenómenos no pueden reducirse a la dinámica de las redes sociales, toda vez que existen factores estructurales que inciden de manera directa: el debilitamiento de las políticas públicas en salud mental, la falta de programas sistemáticos de convivencia escolar y un clima social donde la violencia verbal ha ganado espacio en el discurso público”.
Fuente: APF.
