Polémica Colegio corredores inmobiliarios. En una nota presentada por el grupo de matriculados denuncian que “se omitió incluir el pedido de remoción de autoridades formulado por más del 5% de los colegiados”, mecanismo previsto en el artículo 53 del reglamento interno. Según sostienen, esta exclusión vuelve a la Asamblea “nula de manera absoluta y carente de efectos jurídicos”.
También exigen que se publiquen en la web institucional los gastos realizados con tarjetas corporativas —incluyendo “viáticos, alojamientos, cenas, publicidades y participación en exposiciones”— y que se convoque en un plazo no mayor a 30 días a una nueva Asamblea extraordinaria para tratar el pedido de remoción de autoridades.
"Decisiones unilaterales”
Al respecto, la ex presidenta del Tribunal de Ética y una de las impulsoras del reclamo, Carolina Lidia Ledesma, dijo que presentó su renuncia porque no estaba de acuerdo con la forma de conducción del Consejo Directivo. “Institucionalmente tenemos un orden. La Asamblea es soberana y lo que se decide allí es ley. El Consejo tiene que acatarlo y no puede tirar por tierra lo que la Asamblea ha determinado”, explicó en diálogo con este medio.
La profesional, comparó la situación con el manejo de un gobierno e indicó que “no se puede manejar una nación con DNU; acá tampoco se puede manejar una institución con resoluciones del Consejo. Tenemos una ley y un reglamento interno que se debe respetar”.
Según relató, su renuncia fue seguida por la del secretario y el vocal del Tribunal de Disciplina, lo que dejó acéfalo ese órgano. “Se debería haber llamado de inmediato a Asamblea Extraordinaria, pero eso no ocurrió. Ante el silencio del Consejo, los matriculados nos fuimos autoconvocando”, señaló.
Reclamos por cambios de nombre y falta de comunicación
Otro de los puntos que cuestionan los matriculados es la modificación en la denominación de la entidad. “Nuestro nombre es emitido por ley como Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Entre Ríos. Hoy aparece como CIER, Corredores Inmobiliarios de Entre Ríos, lo que nos quita especificidad como profesionales públicos”, advirtió Ledesma.
Además, criticó la falta de respuestas del Consejo subrayando que “no puede ser que un colegio, que tiene 1700 matriculados, no conteste ni brinde información clara. Queremos volver a la transparencia y a la participación real de los colegiados”.
Próximos pasos
La presentación entregada al Consejo Directivo el 14 de agosto lleva 95 firmas certificadas de toda la provincia. “El reglamento establece que con el 5% del padrón se puede convocar a una Asamblea para tratar la remoción de autoridades. Todo se cumplió en tiempo y forma, pero no nos dieron lugar”, explicó Ledesma.
Si el Consejo no atiende el reclamo en el plazo previsto, ya que tiene 30 días para responder el planteo, los matriculados que reclaman anticiparon que recurrirán a la Justicia. “No nos queda otra que ser escuchados. Estamos cumpliendo con todos los pasos legales. Lo único que pedimos es transparencia, participación y respeto por lo que decida la Asamblea”, concluyó.
