La diputada provincial Liliana Salinas presentó en la Cámara de Diputados de Entre Ríos un proyecto de ley para derogar el artículo 1° de la Ley Provincial N° 10.068, vigente desde 2011, que establece la aplicación automática a las remuneraciones de magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial entrerriano de los incrementos que dispone la Corte Suprema de Justicia de la Nación para el Poder Judicial nacional.
Según explicó la legisladora, la iniciativa no contempla una reducción de los salarios que actualmente perciben los trabajadores judiciales ni busca afectar la independencia del Poder Judicial. El objetivo, sostuvo, es eliminar el mecanismo automático y que los futuros aumentos sean definidos en función de la situación económica y presupuestaria de la provincia.
“Este proyecto no recorta sueldos, recorta un privilegio automático que hace 15 años le saca a Entre Ríos la posibilidad de administrar su propio presupuesto. Queremos que los aumentos de la justicia entrerriana se decidan en Entre Ríos y no en Buenos Aires”, afirmó Salinas a Diario Río Uruguay a poco de presentar la propuesta.
El impacto sobre el presupuesto provincial
En los fundamentos del proyecto, la diputada sostiene que la Constitución de Entre Ríos otorga a la Legislatura la responsabilidad de fijar el presupuesto, autorizar los gastos y controlar el destino de los recursos públicos. En ese sentido, cuestiona que el esquema vigente genere incrementos permanentes del gasto provincial a partir de decisiones adoptadas por un organismo nacional.
La iniciativa plantea que los aumentos determinados para el Poder Judicial nacional responden a la realidad económica, presupuestaria y financiera del Estado nacional, que no necesariamente coincide con la situación de Entre Ríos. Por ese motivo, considera necesario que la provincia pueda analizar cada incremento antes de asumir una nueva obligación presupuestaria.
En el proyecto se advierte además que los recursos provinciales deben atender distintas áreas y servicios esenciales, entre ellos salud, educación y seguridad. “No se trata de bajarle el sueldo a nadie ni de desconocer el trabajo de los magistrados y empleados judiciales. Es la misma lógica que se aplica hoy a cualquier otro empleado público provincial: los aumentos se discuten según los recursos que tiene Entre Ríos”, señaló Salinas.
Qué propone la iniciativa
El proyecto consta de dos artículos. El primero establece la derogación del artículo 1° de la Ley Provincial N° 10.068, mientras que el segundo dispone su comunicación al Poder Ejecutivo, publicación y archivo.
De acuerdo con los fundamentos, la derogación no impediría que el Poder Judicial entrerriano reciba futuros incrementos salariales, sino que modificaría el mecanismo mediante el cual se determinan. De aprobarse la propuesta, esas decisiones deberían contemplar la realidad económica y presupuestaria provincial y contar con la intervención de las autoridades responsables de administrar los recursos públicos.
Salinas también vinculó su iniciativa con la política de ordenamiento fiscal impulsada por el Gobierno nacional de Javier Milei. En los fundamentos, sostuvo que el equilibrio de las cuentas públicas y el cuidado de los recursos de los contribuyentes deben ser considerados al momento de asumir obligaciones permanentes de gasto.
La legisladora remarcó que la propuesta “no implica reducir las remuneraciones actualmente vigentes” y que tampoco busca desconocer la función de magistrados, funcionarios y empleados judiciales. El proyecto ya fue presentado en la Cámara de Diputados de Entre Ríos y deberá atravesar ahora el tratamiento legislativo correspondiente.
