La Cámara Alta aprobó este jueves la reforma a la Ley Nacional de Glaciares (Ley 26.639), introduciendo cambios en el régimen de protección de los ambientes glaciares y periglaciares. El proyecto obtuvo media sanción y fue girado a la Cámara de Diputados para su tratamiento.
En ese contexto, los tres senadores nacionales por la provincia de Entre Ríos fijaron posiciones diferenciadas al momento de la votación nominal en el recinto, reflejando las posturas de los bloques que integran.
Por la mayoría provincial, los representantes de La Libertad Avanza acompañaron la iniciativa impulsada por el oficialismo, mientras que el legislador de extracción peronista votó en contra del texto aprobado.
Cómo votaron los senadores entrerrianos
El senador Joaquín Benegas Lynch, referente de La Libertad Avanza en Entre Ríos, votó afirmativamente la reforma. Empresario y dirigente del ideario liberal, accedió a la banca en las elecciones de 2025 y es una de las espadas alineadas con la agenda económica y productiva del Gobierno nacional.
En el mismo sentido se pronunció la senadora Romina Almeida, también integrante de La Libertad Avanza. De profesión arquitecta y con trayectoria en el sector privado, integra el bloque oficialista en el Senado y respaldó la modificación de la normativa ambiental.
Por su parte, el senador Adán Humberto Bahl, electo por Fuerza Entre Ríos y de origen peronista, votó en contra del proyecto. Bahl tiene una extensa trayectoria en la política provincial: fue vicegobernador, ministro y presidente municipal de Paraná antes de asumir su banca en la Cámara Alta.
Cuáles son los principales cambios en la ley
La reforma introduce modificaciones en puntos centrales de la Ley 26.639, sancionada originalmente en 2010. Entre los cambios más relevantes figura una redefinición del alcance del concepto de ambiente periglaciar, limitando la protección automática a aquellas áreas que cumplan funciones hídricas comprobables.
Además, se otorga mayor injerencia a las provincias en la identificación y delimitación de zonas protegidas, fortaleciendo su potestad sobre los inventarios y la administración de los recursos en sus territorios.
Otro de los ejes centrales es la adecuación del régimen de actividades permitidas y prohibidas, estableciendo nuevos criterios para evaluar emprendimientos productivos —entre ellos mineros e hidrocarburíferos— en teoría, siempre que no se afecten de manera significativa las funciones naturales o de reserva de agua de los glaciares.
