En el marco del artículo 17º del reglamento del Senado entrerriano, el martes desde las 13 horas, se llevará a cabo una sesión especial para poner a votación el proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre Transparencia y Ética Pública.
La iniciativa tiene como finalidad brindar publicidad, transparencia y “ficha limpia” de las personas humanas y de sus actos jurídicos.
¿Qué establece?
Establece un conjunto de deberes, prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades aplicables, sin excepción, a todas las personas humanas que se desempeñen en cualquiera de los tres poderes del Estado provincial, sin perjuicio de las normas especiales que otras leyes dispongan para determinados funcionarios y empleados públicos.
En el último encuentro de la Comisión de Legislación, los integrantes incorporaron una serie de modificaciones.
Cambios en la Constitución provincial
En la oportunidad también se debatirá el proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se reglamenta el efecto derogatorio previsto en el Artículo 60º.
La iniciativa busca reglamentar el último párrafo del Artículo 60º de la Constitución provincial, que fija el mecanismo mediante el cual una ley, decreto u ordenanza pierde vigencia en toda la provincia tras acumular tres fallos de inconstitucionalidad por parte del Superior Tribunal de Justicia (STJ).
El objetivo central de la propuesta es poner fin a un vacío procedimental y dar certeza jurídica. Para ello, establece requisitos estrictos; solo computarán las sentencias dictadas por el STJ en pleno, dictadas en el marco de acciones directas de inconstitucionalidad y fundadas exactamente en el mismo vicio constitucional y sobre la misma norma. De este modo, se busca evitar interpretaciones ambiguas y garantizar un trámite transparente.
Para transparentar el proceso, el texto crea el Registro de Sentencias Firmes de Inconstitucionalidad, una plataforma pública y digital dentro del ámbito del STJ donde se inscribirán de oficio los fallos computables dentro de los cinco días de quedar firmes.
Una vez constatada la tercera sentencia sobre un mismo precepto, el tribunal en pleno emitirá una resolución declarativa que se notificará a la autoridad correspondiente y se publicará en el Boletín Oficial. La norma cuestionada quedará sin efecto con alcance general a partir del octavo día de su publicación, operando únicamente hacia el futuro y sin carácter retroactivo.
Fuente: APF Digital.
