

Causa comedores. En las últimas horas, Diario Río Uruguay pudo confirmar que los operativos realizados en la mañana de este miércoles, se concretaron en viviendas ubicadas sobre calles Urdinarrain, 11 de Noviembre y Colón, bajo las órdenes emitidas por el Juzgado de Garantías a cargo del doctor Edwin Bastián y con la dirección de los fiscales Montangie y Tscherning.
Elementos secuestrados
Según confirmaron fuentes ligadas a la causa, en los procedimientos se secuestraron dispositivos electrónicos e informáticos relevantes para la investigación, incluyendo teléfonos celulares, computadoras, memorias de almacenamiento y un DVR. Además, se incautaron dos armas de fuego, un revólver calibre .38 y una escopeta.
Uno de los puntos más llamativos fue el hallazgo y la posterior contabilización de una importante suma de dinero, concretamente se retuvo 48.415.000 pesos en efectivo y 7.000 dólares estadounidenses. De acuerdo a lo que se precisó a un cronista de Diario Río Uruguay, esto se dio en la vidriería allanada en calle Urdinarraín, a pocos metros del Parque Ferré.

Como consecuencia de los allanamientos, una persona fue aprehendida en ese lugar, por el supuesto delito de tenencia ilegal de arma de fuego, en tanto que la investigación continúa.
La mecha que encendió todo
La llamada causa de los comedores escolares de Concordia, salió a la luz a principios del pasado mes de junio, cuando en un artículo publicado por Diario Río Uruguay, se informaba que el gobierno de la provincia de Entre Ríos había firmado una resolución, con la que se desplazaba a la entonces coordinadora de Comedores Escolares del departamento Concordia.
En la nota, que tenía las rúbricas del propio gobernador Rogelio Frigerio y la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, se argumentaba la necesidad de “reorganizar la Coordinación de Comedores del citado Departamento”.
Aunque, en rigor, ya se habían encendido varias luces de alarma por irregularidades administrativas ocurridas durante la gestión de la -ahora- ex funcionaria.
En Concreto, una primera auditoría realizada por la propia Dirección de Comedores de la provincia de Entre Ríos puso la lupa en casi 1000 millones de pesos, lo cuales no habrían tenido como destino la adquisición de alimentos o insumos de uso directo para el funcionamiento de dichos comedores.
Luego de eso llegó la intervención de la Justicia local, con los primeros allanamientos a varios de los implicados, entre ellos, a algunos de los proveedores que vendían sus productos a los comedores escolares.