El senador provincial por el departamento Uruguay, Martín Oliva, advirtió que la reforma previsional aprobada por el Senado de Entre Ríos tendrá consecuencias que exceden al sistema jubilatorio y alcanzarán también a las administraciones municipales, al incrementar el aporte patronal que deberán afrontar las comunas.

En diálogo con Diario Río Uruguay, el legislador del bloque del Partido Justicialista explicó que comparte las preocupaciones expresadas por distintos dirigentes de su espacio respecto al impacto económico que generará la norma. "Coincido con lo que dijo Aldo Álvarez. Hay demasiadas acciones que, a partir de la aprobación de esto en Diputados, van a impactar en la vida de muchos entrerrianos", sostuvo.

En ese sentido, remarcó que los municipios deberán afrontar mayores erogaciones en un contexto de caída de recursos. "Sea un 3%, un 2% o un 1,5% el aumento del aporte patronal, es un recurso menos que tiene el municipio, que ya tiene recortados los ingresos por coparticipación y, al mismo tiempo, aumentaron las prestaciones que debe brindar", afirmó.

Menos recursos para la prestación de servicios

Oliva, quien fue viceintendente y posteriormente intendente de Concepción del Uruguay antes de asumir su banca en el Senado, consideró que ese incremento en los aportes terminará repercutiendo en la capacidad de respuesta de los gobiernos locales.

El entrevistado explicó que "los municipios no pueden aumentar impuestos para compensar ese gasto, por lo que esa misma plata tendrá un descuento y deberá salir de algún lado". Según indicó, esa situación derivará en una reducción de servicios o prestaciones. "Alguna prestación menor va a tener que hacer la municipalidad porque la gente sigue recurriendo al municipio por cuestiones vinculadas con salud, alimentos o distintas asistencias", señaló.

Asimismo, cuestionó el contenido general de la reforma previsional. "No hay ningún lado favorable con lo que va a pasar. Se va a trabajar más, aportar más y cobrar menos", resumió.

La situación dentro del bloque justicialista

Durante la entrevista, Oliva también se refirió a la decisión de las senadoras Gladys Domínguez y Nancy Miranda de acompañar la iniciativa impulsada por el oficialismo, pese a que el bloque justicialista y el propio Partido Justicialista habían fijado una postura contraria.

El senador explicó que la situación de Gladys Domínguez ya presentaba diferencias previas dentro del espacio político. "Con Domínguez ya no, porque el año pasado armó su propio bloque. Hasta antes de esta sesión había tres bloques: dos de ocho integrantes y uno de uno, que era el de Domínguez", indicó.

Además, recordó que el bloque había acordado mantener una posición unificada en los temas de mayor trascendencia. "Habíamos decidido que íbamos a votar en conjunto y que, si había diferencias entre nosotros, la decisión de la mayoría debía acompañarse. En la reunión de bloque ella nos comunicó que no iba a votar con nosotros y ahí se marcó una diferencia", explicó.

Análisis interno tras la votación

Oliva adelantó que el accionar de la legisladora será motivo de análisis dentro del propio bloque legislativo.

El entrevistado sostuvo que "ahora nosotros, dentro del mismo bloque, tenemos que decidir qué hacer", al considerar que previamente se había advertido sobre la importancia de mantener una posición común en proyectos de fuerte impacto institucional.

"Nosotros ya habíamos dicho que, en temas sensibles como este, debíamos votar juntos. Ella, sabiendo eso, votó con el gobierno y ahora tendremos que tomar una decisión", manifestó.

Posibles planteos judiciales

Consultado sobre la posibilidad de que la reforma previsional sea judicializada, el senador consideró que existen fundamentos para que distintos sectores impulsen acciones de inconstitucionalidad.

Oliva explicó que durante el tratamiento del proyecto recibieron a representantes de la Asociación de Magistrados, quienes advirtieron sobre distintos aspectos de la norma. "Nos plantearon que había muchas cuestiones que podían ser judicializables, sobre todo las vinculadas con la declaración de emergencia", señaló.

En la misma línea, recordó que incluso el fiscal de Estado "le bajó un poco la carga" a la posibilidad de que existan cuestionamientos constitucionales sobre algunos artículos del proyecto.

Finalmente, el legislador afirmó que la vía judicial aparece como un escenario posible una vez que la ley entre en vigencia. "Nuestra propuesta no incluía la emergencia porque entendemos que deja abierta la puerta para una importante cantidad de acciones judiciales destinadas a defender derechos que ya estaban conquistados", concluyó.