A tres meses de su puesta en marcha, el Programa de Desendeudamiento y Unificación de Pasivos impulsado por el Gobierno de Entre Ríos junto al Banco Entre Ríos recibió 6.306 inscripciones, una cifra que adquiere otra dimensión al observar lo que está ocurriendo con el endeudamiento de las familias en todo el país.

De ese total, 2.921 personas ya recibieron una respuesta a su solicitud, por operaciones que en conjunto representan $14.515 millones. Se trata del 46% de los inscriptos, mientras que otro 40% continúa con sus trámites en distintas etapas.

Tomando exclusivamente las operaciones que ya recibieron respuesta, el monto involucrado representa un promedio cercano a los $5 millones por persona, aunque esto no implica que esa sea la deuda promedio de todos los entrerrianos que solicitaron ingresar al programa.

Una problemática que creció en todo el país

Los datos conocidos en Entre Ríos coinciden con un marcado deterioro de la capacidad de pago de las familias argentinas.

De acuerdo con el último Informe sobre Bancos disponible del Banco Central, correspondiente a mayo de 2026, la irregularidad de los créditos otorgados a las familias alcanzó el 12,8%. Un año antes se encontraba en torno al 4,5%, por lo que prácticamente se triplicó en doce meses.

El deterioro también aparece en las financiaciones tomadas fuera del sistema bancario tradicional. El Banco Central informó que, en febrero de este año, aproximadamente 12,1 millones de personas tenían algún tipo de financiamiento con proveedores no financieros de crédito, categoría que incluye fintech, emisoras de tarjetas y otras empresas.

En ese segmento, la irregularidad alcanzó el 26,9% de la cartera. La situación resultó particularmente significativa en los préstamos personales, donde el 34,1% estaba en situación irregular, mientras que en las tarjetas de crédito el porcentaje llegaba al 19,4%.

Millones de argentinos con deudas en más de un sistema

Otro indicador permite observar el grado de superposición de las obligaciones. Según el BCRA, 6,9 millones de personas que tenían financiamiento con proveedores no financieros también registraban créditos dentro del sistema financiero.

Entre todos ellos acumulaban 15,1 millones de asistencias crediticias. Es decir, un mismo deudor podía mantener simultáneamente más de una obligación.

La morosidad bancaria de este grupo también aumentó: en febrero alcanzaba el 16,1%, unos 5,2 puntos porcentuales por encima del nivel registrado apenas seis meses antes.

Los números muestran además la velocidad con que se deterioraron los indicadores. La irregularidad de los préstamos bancarios a las familias había sido del 6,6% en agosto de 2025, subió al 11,2% en febrero de 2026 y llegó al 12,8% en mayo.

Entre Ríos y la búsqueda de refinanciar las deudas

Por el momento, las estadísticas públicas disponibles del Banco Central no ofrecen un indicador reciente de morosidad de las familias entrerrianas que pueda compararse directamente con el porcentaje nacional. Sin embargo, la respuesta al programa provincial aporta una referencia sobre el alcance que tiene el problema entre trabajadores y jubilados de Entre Ríos.

La iniciativa lanzada en mayo permite cancelar y unificar obligaciones contraídas con bancos, financieras, mutuales, cooperativas y otras entidades, mediante una tasa fija del 60%, un plazo máximo de 72 meses y hasta dos meses de gracia.

Además, no está limitada a empleados de la administración pública. El 21% de quienes se anotaron son trabajadores que no pertenecen a la Administración Pública Provincial ni son jubilados provinciales.

En contrapartida, 776 solicitudes, equivalentes al 16% de los casos evaluados según la información oficial, no calificaron debido a la situación que presentan los solicitantes como deudores ante el Banco Central.