El gobierno de Entre Ríos rechazó el recurso de revocatoria presentado por el agente estatal Gustavo Fabián Vilches Aguilar y confirmó la sanción disciplinaria que le había sido impuesta mediante el decreto Nº 440/2026. La decisión fue oficializada este jueves a través del decreto Nº 1914, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el gobernador Rogelio Frigerio.

Suspención

La resolución ratifica una suspensión de 20 días aplicada al trabajador, quien se desempeñaba en el Sistema Solidario de Seguro de Vida de Entre Ríos (SISER), dependiente del Ministerio de Economía y Servicios Públicos.

El agente había cuestionado la sanción alegando que no existían pruebas suficientes, que siempre mantuvo una conducta intachable y que la medida disciplinaria era desproporcionada.

Sin embargo, tanto la Dirección de Asuntos Jurídicos del ministerio como la Fiscalía de Estado concluyeron que los argumentos expuestos “no se alzan como una verdadera crítica razonada ni razonable del acto recurrido, sino más bien un mero disconformismo”.

El origen del conflicto

El decreto reconstruye una historia que se remonta a distintos hechos ocurridos durante 2023 y 2024.

Uno de los antecedentes centrales es la denuncia laboral presentada por la agente Melissa Soledad Yonas Fischer, cuya situación incluso fue analizada en el ámbito judicial con perspectiva de género.

Según detalla la norma, durante la investigación intervinieron el Equipo Técnico Interdisciplinario del Superior Tribunal de Justicia y el Programa Defender, organismos que recomendaron en más de una oportunidad mantener restricciones de acercamiento entre las partes.

La Comisión Asesora de Disciplina sostuvo que, en este tipo de casos, adquirían especial importancia las actuaciones judiciales y los informes técnicos elaborados por profesionales especializados.

El decreto cita que esos informes concluyeron que los conflictos laborales “se sucedieron en escalada” y motivaron la continuidad de las medidas preventivas adoptadas por la Justicia.

La acusación por el borrado de archivos

Pero la investigación administrativa no se limitó al conflicto laboral. El decreto incorpora otro episodio considerado especialmente grave: el presunto borrado deliberado de archivos informáticos pertenecientes al SISER.

Según la Asesoría Jurídica, el mismo día en que se dispuso el traslado de Vilches Aguilar y otros dos agentes fueron eliminados archivos esenciales para el funcionamiento cotidiano del organismo, documentación vinculada con la carga de formularios y pólizas en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF).

En la información sumaria incorporada al expediente administrativo se afirma que “queda totalmente acreditado que el borrado de archivos el día 15/03/2024 sobre las computadoras del SISER se trató de un ‘sabotaje’ llevado adelante por el Sr. Gustavo Vilches Aguilar que perjudicó gravemente las tareas diarias de dicho organismo”.

El mismo reporte agrega que se trató de “información pública, borrada de un bien del Estado”, motivo por el cual entendió que correspondía atribuirle responsabilidad administrativa.

Expedientes extraviados

El decreto también recuerda otra investigación vinculada al extravío de nueve expedientes administrativos del SISER.

Como consecuencia de esa situación, el ministerio ordenó reconstruir toda la documentación e iniciar una información sumaria para determinar responsabilidades disciplinarias y patrimoniales.

En ese marco, la Administración sostuvo que Vilches Aguilar -entonces jefe de División Trámites del Departamento Administrativo- y otra funcionaria eran quienes recibían, analizaban, conservaban e ingresaban la documentación a los sistemas informáticos, por lo que concluyó que “no habrían velado con el debido cuidado y seguridad de los expedientes bajo su custodia”.

La defensa del agente

En su recurso, Vilches Aguilar sostuvo que la denunciante era quien había generado un ambiente laboral hostil y cuestionó la valoración de los testimonios incorporados al expediente.

También afirmó que la sanción desconocía sus más de 20 años de antigüedad en la administración pública y que nunca había tenido antecedentes disciplinarios.

No obstante, la Fiscalía de Estado consideró que esos argumentos representaban “una versión parcial de los hechos” y remarcó que las conclusiones de los equipos técnicos interdisciplinarios y de la Justicia aportaban un grado suficiente de verosimilitud sobre las conductas investigadas.

Asimismo, descartó que existiera una doble sanción por los mismos hechos, al señalar que las actuaciones administrativas abiertas contra el agente corresponden a situaciones diferentes.

La decisión final

Al analizar la proporcionalidad de la medida, Fiscalía de Estado entendió que la suspensión de 20 días no resulta excesiva.

En ese sentido, sostuvo que “no importa la expulsión del agente de los cuadros de la administración, sino que se trata de una medida disciplinaria meramente correctiva dirigida fundamentalmente a evitar una reincidencia del agente y a educar, a modo ejemplificador, a sus compañeros laborales”.

Con esos fundamentos, el gobernador Rogelio Frigerio resolvió rechazar el recurso de revocatoria y dejar firme la sanción disciplinaria impuesta al empleado estatal.

Fuente: El Entre Ríos.