La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná confirmó el procesamiento del sargento de Gendarmería Nacional Raúl César Altamirano, investigado por la apertura irregular de encomiendas y la presunta sustracción de teléfonos celulares durante controles realizados sobre la Ruta Nacional 14, en el departamento Uruguay.

El tribunal rechazó el recurso presentado por la defensa y convalidó la resolución del Juzgado Federal N° 1 de Concepción del Uruguay. De esta manera, Altamirano quedó procesado como coautor del delito de violación de los deberes de funcionario público, en concurso ideal con violación agravada de correspondencia y hurto doblemente agravado, reiterado en dos oportunidades.

La resolución de la Cámara, fechada el 21 de agosto, ratificó la ampliación del procesamiento dispuesta el 18 de junio de 2026. La investigación apunta a una serie de episodios registrados durante controles de cargas efectuados por integrantes del Escuadrón N° 6 “Concepción del Uruguay” de Gendarmería Nacional.

Las encomiendas eran abiertas durante los controles

La causa se inició el 25 de enero de 2020, cuando dos choferes de la empresa Vía Cargo denunciaron que, durante un control realizado en un puesto de la Ruta Nacional 14, a la altura de Colonia Elía, habían encontrado violentados los precintos de seguridad de las puertas de carga y varias bolsas con cortes que permitían acceder a su contenido.

El transporte había partido desde Puerto Iguazú, en Misiones, con destino a Pablo Nogués, provincia de Buenos Aires. A partir de esa denuncia, la investigación judicial detectó otros episodios similares ocurridos entre marzo y julio de 2020, siempre durante controles efectuados a camiones de la misma empresa.

Según la hipótesis investigada, integrantes de las patrullas de Gendarmería habrían abierto bultos y encomiendas sin contar con autorización judicial ni con las condiciones exigidas por el artículo 230 bis del Código Procesal Penal de la Nación. Del interior de los paquetes presuntamente sustraían teléfonos celulares, dejando en algunos casos las cajas vacías y los accesorios.

Un teléfono fue clave en la investigación

Los hechos investigados habrían ocurrido el 5 y el 15 de marzo y el 5 y el 26 de julio de 2020. Meses después, el 8 de septiembre, una denuncia presentada con reserva de identidad señaló directamente al sargento Altamirano como responsable de la sustracción de los teléfonos.

Uno de los elementos que comprometió al uniformado surgió de los informes aportados por empresas de telefonía a partir de los códigos IMEI de los aparatos denunciados como robados. Una de las líneas activadas en uno de esos celulares pertenecía a un hombre de apellido Ovando, cuñado y conviviente de Altamirano.

A raíz de las medidas ordenadas por la Justicia, el 30 de noviembre y el 1 de diciembre de 2020 se realizaron allanamientos en los domicilios de los uniformados que integraban las patrullas investigadas. En la vivienda de Altamirano se secuestraron diversos precintos de seguridad, mientras que al cuñado se le encontró un teléfono Motorola E6S cuyo IMEI coincidía con el de uno de los aparatos sustraídos de las encomiendas.

La causa también alcanza a otros gendarmes

La investigación no quedó limitada a Altamirano. Por pedido del Ministerio Público Fiscal se ampliaron las declaraciones indagatorias y, el 18 de junio de 2026, la jueza de primera instancia resolvió ampliar también el procesamiento de los funcionarios Oscar Alfredo Caballero y Fernando Fabián Fleitas.

A ambos se les atribuyó el mismo incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso ideal con los delitos de hurto y violación de correspondencia por los que ya se encontraban procesados.

En el caso de Altamirano, su defensa había cuestionado la ampliación de los cargos y pedido su sobreseimiento. Los abogados sostuvieron que el hecho de integrar una patrulla junto a otros agentes no alcanzaba para atribuirle el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Sin embargo, los camaristas Cintia Graciela Gómez, Beatriz Estela Aranguren y Mateo José Busaniche consideraron que existen elementos suficientes para mantener el procesamiento en esta etapa de la causa. Entre las pruebas valoradas mencionaron informes de itinerarios, actuaciones de Gendarmería, imágenes de las encomiendas violentadas, allanamientos y peritajes realizados sobre los teléfonos. La Cámara concluyó que, analizados en conjunto, esos elementos respaldan la resolución apelada y justifican que la investigación continúe bajo los cargos establecidos.

FUENTE: Diario UNO