Concordia aparece entre los departamentos con mayor cantidad de amenazas en escuelas dentro de la provincia de Entre Ríos, confirmó el presidente del Consejo General de Educación, Carlos Cuenca, en declaraciones a Diario Río Uruguay.
Cuenca explicó que los casos se distribuyeron en distintos puntos del territorio, aunque con mayor incidencia en las ciudades más pobladas. “Paraná fue uno de los departamentos con más casos, con 75 situaciones puntuales, y también Concordia y Concepción del Uruguay”, señaló.
En el caso de Concordia, estimo que en el inform detallado, “creo que eran más de 30 casos”, aunque aclaró que el número exacto debría ser ratificado con el detallado trabajo de la Policía de Entre Ríos.
Asimismo, destacó que la problemática alcanzó a prácticamente toda la provincia. “En todos los departamentos hubo casos, incluso en Islas del Ibicuy, que al principio no tenía ninguno y luego se registró uno”, explicó.
El costo de los operativos
A partir del relevamiento realizado por la Policía de Entre Ríos, se concluyó en que el gasto total generado por estas amenazas superó los 252 millones de pesos.
“La policía pudo determinar que los costos por todas estas denuncias fueron más de 252 millones de pesos”, explicó el titular del CGE.
En base a ese cálculo, la provincia analiza avanzar judicialmente para recuperar esos recursos de los padres o tutores de los menores involucrados. “Eso daría un costo promedio de entre 1.400.000 y 1.500.000 pesos por cada una de las denuncias respectivas”, precisó.
Más de 50 casos ya fueron esclarecidos
Cuenca confirmó además que ya existen expedientes con responsables identificados. “Tenemos más de 50 casos puntuales en los que se ha determinado la persona, y ya fueron llamados a Fiscalía para declarar junto a sus padres”, afirmó.
Incluso, señaló que en algunos hechos fueron las propias familias quienes se presentaron ante la Justicia. “En algunos casos fueron los padres los que llevaron a sus hijos para contar la situación y hacerse cargo de lo ocurrido”, agregó.
La medida comenzó a tomar forma tras una reunión entre autoridades del CGE, la Policía, COPNAF, la Justicia y áreas del Ejecutivo provincial, por instrucción del gobernador Rogelio Frigerio, con el objetivo de avanzar en el recupero de los gastos ocasionados por las falsas amenazas.
