El Gobierno de Entre Ríos informó que radicó una denuncia penal contra integrantes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Seccional Entre Ríos, a raíz de los incidentes registrados este martes en la sede de la Dirección General de Recursos Humanos, ubicada en calle Corrientes N.º 399 de Paraná.
La presentación fue realizada ante la Unidad Fiscal de Paraná por la directora general de Recursos Humanos, Luciana Magali Kapp. De acuerdo con lo señalado en la denuncia, los hechos ocurrieron alrededor de las 10:30, cuando un grupo de aproximadamente cien personas identificadas con pecheras de ATE se presentó en el edificio.
Según la versión aportada por la funcionaria, entre los manifestantes se encontraban dirigentes de la seccional provincial y del Consejo Directivo Nacional del gremio. La denuncia sostiene que el grupo habría forzado el ingreso al edificio y protagonizado un forcejeo con trabajadores que se encontraban en el sector de Mesa de Entradas.
La denuncia por los incidentes
Siempre de acuerdo con la presentación judicial, posteriormente los integrantes del grupo se desplazaron por distintas oficinas del organismo, donde se habrían producido expresiones intimidatorias y amenazas hacia trabajadores, en el marco de reclamos vinculados con la agilización de trámites gremiales.
La denuncia menciona además empujones y forcejeos con varias empleadas, golpes reiterados contra puertas y daños en mobiliario. Uno de los trabajadores, según la presentación, habría permanecido encerrado dentro de una oficina y efectuado un llamado al 911.
El Gobierno provincial señaló que pondrá a disposición de la Justicia los registros fílmicos correspondientes a lo ocurrido y los testimonios de más de una decena de personas que habrían presenciado los hechos.
Un conflicto gremial que viene en aumento
El episodio se produce en un escenario de creciente tensión entre ATE y el Gobierno provincial. El gremio viene cuestionando la política salarial de la administración de Rogelio Frigerio y reclama una recuperación de los ingresos de los trabajadores estatales.
En julio, ATE había rechazado una propuesta oficial de incremento salarial del 7% sobre los haberes remunerativos, distribuido en dos tramos, y anunció un plan de lucha. Desde el sindicato sostuvieron que la oferta era insuficiente frente a la pérdida del poder adquisitivo y reclamaron una nueva instancia de negociación.
Durante las últimas semanas, la confrontación también se trasladó a otros aspectos de la relación entre el gremio y el Ejecutivo. ATE cuestionó la demora en trámites vinculados con recategorizaciones y capacitaciones y anunció acciones judiciales contra el Estado provincial por distintos reclamos relacionados con concursos, convenios laborales y componentes salariales.
ATE prepara nuevas medidas de fuerza
A comienzos de septiembre, la conducción provincial de ATE resolvió profundizar su estrategia sindical. El gremio convocó a asambleas en los lugares de trabajo y estableció para este martes 8 de septiembre una nueva reunión de su Consejo Directivo ampliado para definir la continuidad del plan de lucha provincial.
Entre los reclamos planteados por la organización aparecen la recuperación salarial, las condiciones laborales, los despidos y distintas diferencias que mantiene con el Ejecutivo provincial. La conducción de ATE también denunció que el Gobierno busca debilitar la representación del sindicato y favorecer a otra organización gremial.
La presentación penal conocida este martes agrega ahora un nuevo capítulo a esa disputa. El Gobierno provincial incorporó a la denuncia un antecedente ocurrido el 19 de mayo de 2026, cuando —según sostuvo la funcionaria— también se habrían producido amenazas de características similares.
A partir de la denuncia, el Ejecutivo solicitó que se adopten medidas de seguridad destinadas a proteger al personal de la Dirección General de Recursos Humanos y anunció que aportará a la investigación judicial los registros de las cámaras de seguridad y los testimonios de los trabajadores que estuvieron presentes durante el episodio.
La Justicia deberá determinar ahora cómo ocurrieron los hechos denunciados y si existen responsabilidades penales por las conductas señaladas en la presentación.
