Daniel Cedro, actualmente dirigente del Frente Entrerriano Federal, cuestionó la reciente norma aprobada por el Concejo Deliberante que autoriza a modificar la operación de la recolección de residuos en Concordia, al considerar que presenta “una fundamentación realmente bastante débil” y “carece de argumentos concretos” que justifiquen la supuesta emergencia ambiental.
Según indicó, si bien el texto incluye numerosas referencias a normativas ambientales nacionales y provinciales, no logra precisar con claridad cuáles son los hechos específicos que sostienen la necesidad de adoptar medidas excepcionales.
En ese sentido, también marcó deficiencias técnicas en el articulado, particularmente en lo referido a la delegación de facultades y la habilitación de contrataciones directas.
Cuestionamientos a la contratación directa
En declaraciones a Diario Río Uruguay, el letrado sostuvo que el uso del término “facilitar”, dentro de la ordenanza resulta ambiguo y consideró que, para avanzar en mecanismos de contratación directa, el Ejecutivo debería haber presentado argumentos más sólidos.
Además, advirtió que la presencia de camiones de una empresa cordobesa, antes de la aprobación de la norma, genera sospechas sobre negociaciones previas. “Da la impresión que hicieron un negocio de una contratación directa y después buscaron la forma de darle visos de legalidad”, afirmó.
En esa línea, remarcó que existen “indicios de sospecha suficiente” como para que la justicia investigue de oficio el proceso y determinar si hubo acuerdos anteriores al aval legislativo. Allí fue donde deslizó que, “por montos menores en juego, hubo oportunamente acciones de oficio por el Ministerio Público Fiscal en el municipio”.
Dudas sobre la gestión y el servicio
El dirigente también cuestionó la situación del sistema de recolección de residuos, al recordar que históricamente Concordia contaba con un servicio eficiente e incluso había incorporado nuevos camiones en gestiones anteriores.
Planteó que, si el deterioro del parque automotor ocurrió en los últimos años, se trata de una responsabilidad exclusiva de la actual gestión.
Asimismo, diferenció el trabajo de la cooperativa vinculada al reciclado de residuos de la actual contratación, al considerar que se trata de esquemas completamente distintos.
Interrogantes sobre la operatividad y los costos
Cedro señaló que aún no está claro quiénes operan los camiones incorporados, ni bajo qué modalidad se presta el servicio, ya que no está clarificado "si se trata de un alquiler de unidades o de una tercerización completa del servicio".
También advirtió sobre una posible contradicción entre el discurso oficial de reducción de gastos y el costo que implicaría este tipo de contrataciones privadas.
“Una empresa que manda cinco camiones de este porte no viene en busca de un ofrecimiento genérico, viene por un compromiso concreto”, expresó.
Pedido de claridad sobre el proceso
Finalmente, el dirigente consideró que el Ejecutivo debería aclarar cuándo comenzaron las tratativas con la empresa y cuál es el vínculo contractual vigente.
En ese marco, advirtió que, de confirmarse negociaciones previas a la ordenanza, podría configurarse “una zona gris bastante discutible, respecto a la legalidad de los actos”.
Por último, planteó que la situación debería ser investigada para descartar un eventual perjuicio al Estado. “Al menos para aclararlo”, concluyó.
