A pocos minutos de que el Concejo Deliberante de Concordia aprobara la ordenanza que declara la emergencia ambiental, el Departamento Ejecutivo difundió una gacetilla en la que anunció una “reorganización del sistema de recolección de residuos con un esquema mixto para mejorar el servicio”.
El proyecto había sido impulsado en el recinto por el concejal Felipe Sastre y fue tratado sobre tablas durante la cuarta sesión. Tras un cuarto intermedio solicitado por la presidenta del bloque justicialista, Satalia Méndez, la iniciativa fue aprobada por nueve votos del oficialismo de Juntos por Entre Ríos y de La Libertad Avanza, mientras que los cuatro ediles del PJ votaron en contra.
La ordenanza declara la emergencia ambiental por el plazo de un año y habilita al Ejecutivo a avanzar con un esquema que incluye la posibilidad de concesionar el servicio de recolección de residuos.
El anuncio del Ejecutivo tras la sesión
En el comunicado oficial, el municipio señaló que el nuevo esquema contempla la “concesión parcial en determinadas zonas de la ciudad” y que forma parte de una estrategia para “mejorar la calidad del servicio, optimizar recursos y dar respuesta a un problema que se ha profundizado en los últimos años”.
Según se indicó, la decisión se basa en un “diagnóstico técnico que evidencia limitaciones en el sistema actual”, entre ellas la “falta de planificación integral”, el “deterioro del parque automotor” y reclamos por irregularidades en la prestación.
El secretario de Servicios Públicos, Alejandro López, expresó: “Con este paso apuntamos a hacer más eficiente el servicio, mejorar la planificación, la definición de condiciones y el control. Lo que estamos haciendo es reorganizar cómo se presta, para que funcione mejor”.
Alcances de la medida y esquema previsto
Desde el Ejecutivo también se remarcó que “no habrá despidos ni pérdida de derechos laborales”, y que parte del personal será reubicado en distintas áreas municipales, manteniendo “condiciones laborales, salarios y categorías”.
En cuanto a la implementación, se precisó que se trata de un esquema transitorio en el marco de la emergencia, con una contratación inicial de “seis meses” que abarcará “únicamente un sector de la ciudad”, mientras se avanza hacia una licitación pública.
“Esto no es solo un tema operativo, es un tema ambiental y sanitario. Necesitamos un sistema que esté a la altura de la ciudad que queremos”, agregó el funcionario.
Un debate con fuertes cruces y acusaciones
El tratamiento del proyecto -en la mañana de este jueves- estuvo marcado por un fuerte cruce entre oficialismo y oposición. Desde el PJ, la concejal Carolina Amiama sostuvo: “Este proyecto lo que busca es direccionar directamente a una empresa” y afirmó: “Acá hay un negocio y ya están sabiendo a quién le van a otorgar este servicio”.
En la misma línea, la concejal Claudia Villalba advirtió: “Ninguna empresa mueve cinco camiones hacia una ciudad si no tiene ya ganada la licitación o por lo menos una promesa”, y agregó: “Vamos a ver la semana que viene qué empresa gana, porque la que ingresó cinco camiones fue la empresa VITSA”, según afirmó.
Por su parte, desde el oficialismo, Felipe Sastre rechazó esas acusaciones y aseguró: “No tengo la menor idea de quién va a ganar la licitación. En una licitación se pueden presentar cuantas empresas quieran”, al tiempo que defendió que el modelo fue analizado durante dos años.
