El Concejo Deliberante de Concordia abordó este jueves, durante la cuarta sesión ordinaria, el tratamiento sobre tablas de un proyecto de ordenanza enviado por el Departamento Ejecutivo que declara la emergencia ambiental en la ciudad y habilita, entre otras medidas, la posibilidad de concesionar el servicio de recolección de residuos.
La iniciativa fue presentada en el recinto por el concejal Felipe Sastre, del bloque oficialista, quien solicitó su ingreso y tratamiento inmediato. Posteriormente, la presidenta del cuerpo, Magdalena Reta de Urquiza, puso a consideración el expediente, destacando que se trata de un proyecto de ordenanza con siete artículos y uno de forma.
Manifestando sorpresa por la presentación, el concejal Satalia Méndez, presidenta del bloque del PJ, pidió un cuarto intermedio al señalar que no contaban con información suficiente sobre el expediente a tratar.
Defensa del oficialismo
En el debate que comenzó con el regreso al recinto, fue el concejal Mauricio Rey quien sostuvo que la ciudad presenta diversas problemáticas ambientales que requieren intervención, incluyendo la gestión de residuos.
Por su parte, Felipe Sastre remarcó que la eventual tercerización del servicio “no es un invento” de la actual gestión encabezada por Francisco Azcué, sino que se trata de una práctica aplicada en administraciones anteriores.
“El proyecto se analizó durante dos años, no cinco minutos”, señaló, y agregó: “Vamos a concesionar a través del mecanismo de licitación pública, pero el Estado no se va a retirar. Nosotros vamos a seguir prestando parte de la ciudad. Y si esto funciona, avanzaremos; y si no funciona, volverá a ser como antes”.
También afirmó que la emergencia tendrá un plazo acotado y que el proceso se realizará “dentro de las atribuciones previstas por la ley”, al tiempo que indicó: “No tengo la menor idea de quién va a ganar la licitación. En una licitación se pueden presentar cuantas empresas quieran”.
Críticas de la oposición y la mención a camiones
Desde la oposición, la concejal Carolina Amiama cuestionó el proyecto y vinculó la iniciativa con una posible privatización del servicio. “Este proyecto lo que busca es direccionar directamente a una empresa que, como sabemos, anoche ingresaron cinco camiones nuevos de la misma a esta ciudad y que seguramente va a ser la contratada”, expresó, y agregó: “Entonces, seamos claros, acá hay un negocio y ya están sabiendo a quién le van a otorgar este servicio”.
En la misma línea, la concejal Claudia Villalba cuestionó el tratamiento sobre tablas y también hizo referencia a la posible adjudicación: “Ninguna empresa mueve cinco camiones hacia una ciudad, una empresa cordobesa, para que ingrese, si no tiene ya ganada la licitación o tiene por lo menos la promesa”.
Además, sostuvo: “Vamos a ver la semana que viene qué empresa gana, porque la que ingresó cinco camiones fue la empresa VITSA”, y agregó: “Esto tendría que haber ingresado con tiempo. Se tomaron dos años para analizar, ¿no se puede tomar una semana más?”.
Finalmente, el proyecto fue aprobado con el acompañamiento de nueve concejales: la totalidad del bloque oficialista de Juntos por Entre Ríos y los dos ediles de La Libertad Avanza, mientras que los cuatro concejales del PJ no acompañaron la iniciativa.
El contenido de la ordenanza
Sobre el cierre del debate, se dio lectura al articulado de la norma. La ordenanza declara la emergencia ambiental por el término de un año, con el objetivo de mejorar la gestión de los residuos sólidos urbanos, erradicar microbasurales, preservar cursos de agua y mitigar impactos ambientales.
Asimismo, faculta al Departamento Ejecutivo a implementar un régimen de compra por excepción mediante contratación directa, con un tope de hasta 400 millones de pesos mensuales.
También se crea una comisión de seguimiento integrada por concejales oficialistas, opositores y un representante del Ejecutivo, que deberá emitir informes trimestrales.
En uno de los puntos centrales, la norma autoriza al Ejecutivo, en el marco de la emergencia, a concesionar el servicio de gestión integral de residuos a empresas privadas mediante los procedimientos correspondientes y por un plazo máximo de seis años.
Finalmente, se establece que la autoridad de aplicación será la Secretaría de Servicios Públicos y que la ordenanza entrará en vigencia tras su publicación en el Boletín Oficial.
