Del encuentro participaron otros funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación y el objetivo fue avanzar en aspectos vinculados con la implementación del sistema acusatorio en la Justicia Federal de Entre Ríos.
Del encuentro también participaron el secretario de Coordinación Institucional de la Procuración, Juan Manuel Olima, y el titular de la Secretaría Disciplinaria y Técnica, Juan Manuel Casanovas. La reunión se produjo luego de que el Ministerio de Justicia de la Nación estableciera el 30 de noviembre de 2026 como fecha para la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal en la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná.
La fecha fue fijada mediante la Resolución 417/2026 del Ministerio de Justicia, publicada el pasado 2 de septiembre en el Boletín Oficial. De esta manera, Entre Ríos se incorporará al esquema de implementación progresiva del nuevo Código Procesal Penal Federal, que ya comenzó a aplicarse en otras jurisdicciones del país.
Mayor protagonismo de los fiscales
El cambio supone una modificación sustancial en la manera en que se tramitan las investigaciones por delitos de competencia federal. El Código Procesal Penal Federal establece un sistema acusatorio y adversarial, en el que la investigación queda principalmente bajo la conducción del Ministerio Público Fiscal, mientras que los jueces pasan a concentrarse en el control de las garantías y en la resolución de las controversias planteadas por las partes.
Esto implica una separación más marcada entre las funciones de investigar, acusar y juzgar. Los fiscales tendrán un papel central en la investigación y deberán definir la estrategia de los casos, reunir los elementos necesarios y llevar adelante la acusación, mientras que la defensa tendrá un rol activo frente a esas pretensiones.
Otro de los cambios centrales es el avance de la oralidad. Las decisiones relevantes del proceso deberán resolverse, en mayor medida, mediante audiencias en las que intervienen directamente fiscales, defensores y jueces, en lugar de depender principalmente de expedientes escritos. El objetivo del nuevo esquema es agilizar los procesos, reducir tiempos y establecer una dinámica más directa entre las partes y los magistrados.
Recursos y delitos complejos
En ese contexto se desarrolló la reunión entre los legisladores entrerrianos y las autoridades de la Procuración General de la Nación. Michel señaló que el objetivo es trabajar de manera articulada entre los poderes del Estado para “fortalecer las herramientas institucionales de prevención, investigación y persecución”, además de dotar de recursos al Ministerio Público Fiscal para combatir delitos complejos que afectan a Entre Ríos y a la región.
Por su parte, Bahl destacó “la importancia de abordar conjuntamente la implementación del nuevo sistema”, con el propósito de optimizar la capacidad de respuesta del Estado frente a las demandas y necesidades que puedan surgir con la puesta en marcha del nuevo esquema procesal.
La implementación no supone solamente la entrada en vigencia de nuevas reglas para fiscales, jueces y defensores. También requiere adecuar estructuras, recursos humanos, infraestructura y tecnología, además de capacitar a los operadores judiciales y coordinar el funcionamiento con las fuerzas de seguridad que intervienen en las investigaciones.
Toda la provincia bajo el nuevo esquema
La jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná comprende la totalidad del territorio de Entre Ríos y cuenta con sedes judiciales en Paraná, Concepción del Uruguay, Concordia, Gualeguaychú y Victoria.
La dimensión territorial adquiere especial importancia por las características de la provincia y su ubicación estratégica. Entre Ríos limita con Uruguay y cuenta con pasos internacionales y corredores de circulación de personas y mercaderías, además de rutas nacionales que atraviesan distintos puntos del territorio provincial.
En ese marco, la puesta en marcha del sistema acusatorio tendrá incidencia en las investigaciones de delitos federales que se desarrollen en toda la provincia, entre ellos aquellos vinculados con narcotráfico, contrabando, trata de personas, lavado de activos y otros delitos complejos que requieren investigaciones coordinadas entre distintas jurisdicciones.
El Ministerio de Justicia consideró precisamente la ubicación geográfica de Entre Ríos y su condición fronteriza con Uruguay como algunos de los factores que le otorgan relevancia estratégica al distrito. Con la entrada en vigencia prevista para el 30 de noviembre, la Justicia Federal de Entre Ríos dejará atrás el esquema procesal anterior para adoptar plenamente el modelo acusatorio previsto por el Código Procesal Penal Federal.
