Habilitan la caza menor en suelo entrerriano
Tras ser frenada por la Justicia en años anteriores, la Dirección de Recursos Naturales autorizó la temporada 2026. Aunque citan estudios de abundancia, el gobierno admite que debió realizar audiencias públicas para evitar nuevas declaraciones de inconstitucionalidad.
Caza
La Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización de Entre Ríos publicó la Resolución en el Boletín Oficial Nº 28.328, que habilita la caza deportiva menor en la provincia. La decisión llega tras años de idas y vueltas judiciales, donde organizaciones ambientalistas lograron anular artículos de resoluciones previas por considerarlos inconstitucionales.
El propio decreto reconoce que la apertura de la temporada no es un trámite administrativo más, sino una respuesta a la presión judicial sufrida en 2023. En sus fundamentos, el texto recuerda el revés legal frente a la ONG Centro para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres (Ceydas): “Anular parcialmente por inconstitucional e ilegítimo el Artículo 2° de la Resolución Nº 888/23 DRN en cuanto habilita la caza menor... de las especies perdiz chica, pato bicolor, pato picazo y pato barcino”.
Para evitar nuevos amparos, la provincia se vio obligada a aplicar el Acuerdo de Escazú, garantizando la participación ciudadana que antes se omitía. Según el documento, se debió "auspiciar una participación abierta e inclusiva en los procesos de toma de decisiones ambientales".
A pesar de la habilitación, el gobierno provincial mantiene vedas en varios departamentos (como Federal y Feliciano) y prohíbe la actividad en Sitios Ramsar. La normativa técnica establece que para esta temporada se autorizan: “Especies de anátidos... como susceptibles de caza deportiva menor para la temporada 2026 en una cantidad máxima de 20 piezas totales por excursión”, además de seis perdices y cuatro liebres.
El Área Técnica de la Dirección intentó blindar la decisión citando informes financiados por la Cámara Argentina de Turismo Cinegético (Catcyc), asegurando que "la tasa de extracción actual no está afectando a las poblaciones estudiadas".
El decreto no oculta la importancia económica que el sector cinegético tiene para la gestión actual, citando informes de la Asociación para la Conservación y el Uso Responsable del Ecosistema Entrerriano (Acetra) que sostienen que el sector "genera un fuerte efecto multiplicador sobre las economías locales".
Sin embargo, frente a las críticas por la degradación de los humedales, la resolución introduce una exigencia clave para los cazadores de patos, admitiendo implícitamente el daño histórico del plomo: “Se debe utilizar el CIEN POR CIENTO (100%) de las municiones de acero u otro material alternativo que no sea contaminante”.
Con esta resolución, el Estado entrerriano intenta equilibrar la polémica y hacer equilibrio entre un negocio millonario y las exigencias de preservación, en un escenario donde la justicia ambiental vigila de cerca cada movimiento oficial.
Fuente: APF.