El nuevo régimen penal juvenil que comenzó a regir en el país podría generar un fuerte incremento de las intervenciones judiciales sobre adolescentes, incluso por hechos de menor gravedad que anteriormente no daban lugar a un proceso penal. Así lo advirtió el Defensor General de Entre Ríos, Maximiliano Benítez, en diálogo con Diario Río Uruguay.
El funcionario cuestionó tanto la reducción de la edad de punibilidad como la ampliación de los delitos incluidos en el nuevo sistema. Según explicó, anteriormente existía una diferenciación en función de la gravedad del hecho, mientras que ahora el alcance de la norma se extiende también a delitos que contemplan penas menores.
Como ejemplo concreto, Benítez planteó una situación habitual en el ámbito educativo. “Una denuncia que ocurre por una pelea de chicos en un recreo daría lugar a un proceso penal con esta ley, si lo aplicáramos así”, afirmó.
Más delitos, más causas
Benítez explicó que bajo el régimen anterior los adolescentes no eran punibles frente a determinados delitos considerados de menor gravedad, entre ellos lesiones leves y amenazas, cuando las penas previstas no superaban los dos años.
“Ahora hemos bajado la edad y además hemos aumentado la punibilidad”, señaló el Defensor General, quien consideró que esa modificación puede trasladar al ámbito judicial situaciones que antes eran abordadas por otras vías.
El funcionario también anticipó un impacto directo sobre el funcionamiento de la Justicia. “En cuanto a la justicia, se aumenta terriblemente la litigiosidad”, sostuvo, al advertir que la ampliación del universo de hechos alcanzados puede traducirse en un incremento significativo de expedientes.
Benítez también cuestionó que la respuesta frente a los delitos cometidos por adolescentes se concentre exclusivamente en la aplicación de sanciones. Afirmó que “el proceso penal no le hace bien a nadie” y sostuvo que atravesar una instancia de esas características puede resultar especialmente duro para niños y adolescentes.
La situación en Entre Ríos
En ese marco, el Defensor General sostuvo que la aplicación de la nueva normativa debería contemplar las circunstancias que atraviesa cada joven involucrado en un hecho delictivo. Mencionó, entre otros factores, los problemas vinculados con las adicciones, la salud mental, la educación y las condiciones sociales.
“Quienes estamos en contra de esta ley no es que estamos a favor de no hacer nada. Por supuesto que el Estado tiene que tratar el tema, que se tiene que ocupar de ese menor”, aclaró Benítez.
Al referirse específicamente a Entre Ríos, sostuvo que la provincia no atraviesa actualmente una situación comparable con la de otras jurisdicciones del país y descartó que exista un escenario de cientos de adolescentes que vayan a ser privados de su libertad a partir de la entrada en vigencia del nuevo régimen.
Sin embargo, remarcó que cada hecho grave requiere una respuesta estatal. En ese sentido, afirmó que cuando un adolescente comete un delito de gravedad “algo anda mal” y que la intervención debería permitir determinar qué factores llevaron a esa situación.
Un homicidio este año
Durante la entrevista, Benítez aportó además un dato sobre la realidad entrerriana. Según precisó, durante este año hubo un homicidio cometido por un integrante de la franja etaria alcanzada por la discusión sobre el nuevo régimen penal juvenil.
“En la provincia de Entre Ríos este año hubo un homicidio cometido por esta franja de edades y fue en Concordia”, indicó.
Para el funcionario, se trata de una incidencia reducida, aunque aclaró que la baja cantidad de casos no implica que el Estado deba desentenderse de ellos. “Aunque sea ínfimo, el Estado se tiene que ocupar”, sostuvo.
Benítez insistió en que la privación de la libertad por sí sola no resuelve las causas que pueden llevar a un adolescente a cometer un delito. “Con privarlo de la libertad no vamos a solucionar el problema, lo único que vamos a obtener es venganza”, afirmó.
El rol de las bandas
Otro de los puntos planteados por el Defensor General fue la participación de menores en organizaciones delictivas. Según explicó, en algunas provincias como Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires se han registrado situaciones en las que niños que no eran punibles fueron utilizados por bandas para cometer delitos.
En ese sentido, cuestionó que la respuesta estatal se concentre en el adolescente que ejecuta el hecho y no en las organizaciones que podrían estar detrás de su utilización. “La solución no es ocuparse del último eslabón de la cadena, del niño que ha puesto el gatillo. La solución es ocuparnos de la banda”, sostuvo.
Benítez también relativizó el impacto que una reducción de la edad de punibilidad podría tener sobre los niveles generales de inseguridad. Según los datos que mencionó durante la entrevista, los delitos cometidos por esa franja etaria representan alrededor del 2% del total en Argentina.
“Queda el 98% restante”, planteó el funcionario, quien sostuvo que una política de seguridad debería contemplar el conjunto del fenómeno delictivo y no solamente a los adolescentes involucrados.
En esa línea, concluyó que “no va a haber más seguridad porque se dicta esta ley” y defendió un abordaje que combine la intervención frente a los delitos graves con políticas de prevención y atención de las problemáticas que atraviesan a niños y adolescentes.
