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Avanza en Diputados el fin de las pensiones vitalicias a gobernadores y vicegobernadores

La Comisión de Legislación General dictaminó por unanimidad el proyecto que elimina el régimen especial para exmandatarios entrerrianos.

30 de Agosto de 2026
Cámara de Diputados de Entre Ríos.
Cámara de Diputados de Entre Ríos.

La eliminación de las pensiones vitalicias para quienes hayan ejercido como gobernador o vicegobernador de Entre Ríos volvió a quedar a las puertas del recinto. El miércoles 26 de agosto, la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados firmó por unanimidad el dictamen sobre el proyecto que deroga la Ley N° 4.506 y sus modificatorias, luego de que la iniciativa regresara en revisión desde el Senado con cambios en su redacción.

 

La iniciativa había sido impulsada por el Poder Ejecutivo de Rogelio Frigerio al comienzo de su gestión y plantea terminar con el régimen de pensiones especiales o graciables que alcanza a exgobernadores y exvicegobernadores. La normativa que se busca derogar fue sancionada en 1964 y establece el beneficio vitalicio para quienes ocuparon esos cargos.

 

El proyecto tuvo su primer avance legislativo el 10 de abril de 2024, cuando la Cámara de Diputados le otorgó media sanción. El expediente fue girado posteriormente al Senado, donde permaneció durante un largo período sin llegar a una definición. De hecho, en octubre de ese año la Comisión de Legislación General de la Cámara alta ya había incluido la iniciativa entre los proyectos a analizar.

 

 

Un proyecto que atravesó más de dos años

 

 

La propuesta del Ejecutivo buscaba derogar la Ley 4.506 y establecer que ningún funcionario o empleado público provincial, municipal o comunal pudiera acceder a pensiones especiales o graciables otorgadas por la Provincia que no provinieran del sistema jubilatorio ordinario. Quedaban exceptuados los regímenes vinculados al Mérito Cultural y a los Héroes Entrerrianos Veteranos de Malvinas.

 

Uno de los argumentos centrales utilizados por el Ejecutivo para fundamentar la iniciativa fue que los motivos que habían dado origen a la ley de 1964 habían desaparecido y que el régimen se había tornado anacrónico. También se sostuvo que mantener un beneficio de estas características entraba en tensión con el principio de igualdad ante la ley y con los criterios actuales de ética pública.

 

En abril de 2024, al aprobar la iniciativa, Diputados lo hizo por unanimidad en general, aunque hubo diferencias en algunos artículos. El expediente quedó identificado como 26.748 y pasó a la Cámara de Senadores para su tratamiento en revisión.

 

 

El Senado introdujo cambios

 

 

El tratamiento en la Cámara alta recién tomó impulso durante 2026. En abril, los senadores retomaron el análisis del proyecto y en mayo volvieron a discutir sus alcances. El Ejecutivo, a través del secretario de Justicia, Julián Maneiro, aportó argumentos sobre el contenido de la iniciativa y los legisladores plantearon modificaciones sobre distintos aspectos del texto.

 

El 23 de junio, la Comisión de Legislación General del Senado emitió dictamen favorable, pero con modificaciones. Entre los principales cambios estuvo la eliminación del artículo que establecía determinados supuestos de caducidad de las pensiones ya otorgadas, modificación impulsada por el bloque Más para Entre Ríos.

 

El texto modificado mantuvo, sin embargo, el núcleo de la iniciativa: derogar la Ley 4.506 y terminar hacia adelante con la posibilidad de que nuevos exgobernadores y ex vicegobernadores accedan a este beneficio especial. Al mismo tiempo, estableció que las pensiones reconocidas durante la vigencia de la legislación anterior continuarían abonándose, con las incompatibilidades previstas en la nueva norma.

 

 

Diez beneficiarios y un beneficio que se paga con Rentas Generales

 

 

Durante el debate en el Senado, el senador Rafael Cavagna sostuvo que actualmente existen 10 beneficiarios del régimen y afirmó que, de aprobarse definitivamente la derogación, quedaría eliminado el derecho de los futuros gobernadores y vicegobernadores a acceder a la pensión especial.

 

“Esta ley ha quedado en la apreciación de la sociedad como innecesaria”, sostuvo Cavagna, quien agregó que el régimen había quedado asociado a la idea de una jubilación de privilegio. El legislador planteó que la eliminación permitiría “equipararnos a todos y siendo uno más como quiere la sociedad de Entre Ríos”.

 

La senadora Nancy Miranda aportó otro dato durante aquella discusión: aclaró que las pensiones no son abonadas por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, sino que se financian con recursos de Rentas Generales. La legisladora también destacó que los tres bloques del Senado habían coincidido en la derogación.

 

 

Ahora vuelve a Diputados

 

 

Tras las modificaciones introducidas por el Senado, el proyecto regresó a la Cámara de Diputados en revisión. El 26 de agosto, la Comisión de Legislación General, presidida por Marcelo López, volvió a darle impulso al expediente y sus integrantes firmaron por unanimidad el dictamen favorable.

 

El texto que ahora tiene Diputados establece que ningún funcionario o empleado público provincial, municipal o comunal podrá ser beneficiario de pensiones especiales o graciables otorgadas por la Provincia que no provengan del sistema jubilatorio ordinario. Las excepciones corresponden a los regímenes de Mérito Cultural y de Héroes Entrerrianos Veteranos de Malvinas.

 

La iniciativa también contempla que los beneficios ya reconocidos bajo la Ley 4.506 continúen abonándose. En caso del fallecimiento del titular, el texto prevé la continuidad para el cónyuge supérstite y/o los hijos hasta la mayoría de edad, de acuerdo con las condiciones establecidas.

 

De esta manera, el proyecto quedó nuevamente en condiciones de ser tratado por el pleno de la Cámara baja. Si Diputados acepta las modificaciones realizadas por el Senado, la iniciativa quedará en condiciones de convertirse en ley. El nuevo dictamen marca así el último tramo de un proceso legislativo que comenzó en 2024 y que, más de dos años después, busca poner fin definitivamente al régimen de pensiones vitalicias para quienes ocupen en el futuro los máximos cargos del Poder Ejecutivo entrerriano.

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