Denuncia de ATE Concordia
La seccional Concordia de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) informó que "en la mañana de hoy (lunes 6 de abril), junto a la Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados de la Plaza 25 de Mayo de Concordia, el Movimiento Surge y ciudadanos independientes, presentaron en los Tribunales una denuncia penal".
Según se detalló desde el gremio, el objetivo es que "se investigue un presunto esquema de fraude contra la administración pública, vinculado al cobro simultáneo de jubilaciones provinciales y retribuciones percibidas por funcionarios municipales ya jubilados".
Denuncia
Vale recordar que varios funcionarios de la Municipalidad de Concordia quedaron bajo observación por una posible incompatibilidad: cobrar al mismo tiempo una jubilación provincial y percibir ingresos vinculados a su función en la gestión del intendente Francisco Azcué.
Entre ellos figuran el actual Subsecretario de Educación y Cultura de la Municipalidad de Concordia, Carlos Gatto, y el ingeniero Federico Schattenhofer, actual secretario de Desarrollo Productivo y presidente del Ente de Desarrollo Aerocomercial (EDACC).
Según el periodista Federico Odorisio, hubo una intimación dirigida al municipio porque presuntamente no habría realizado los aportes correspondientes a la Caja. En enero pasado el organismo previsional notificó formalmente al municipio para “poner en su conocimiento casos de posible incompatibilidad Activo-Pasivo, sobre beneficiarios con posible vínculo laboral con el Municipio de Concordia”. En la misma comunicación se advierte que estas situaciones podrían configurar evasión de aportes y contribuciones al sistema previsional, dado que quienes perciben un ingreso por actividad deberían realizar los aportes correspondientes.
La notificación menciona a nueve funcionarios municipales: Luis Víctor Costa, Claudia Silvina Perillo (renunció al cargo en febrero pasado), Patricia Elena Jaluf, María de los Ángeles Méndez, Carlos Humberto Gatto, Nélida Elsa Amam, Arnoldo Federico Schattenhofer, María Carolina Pérez y María José Umedez, todos con distintos cargos políticos dentro de la administración local.
En los decretos de nombramiento de estas personas se repite una fórmula administrativa que habría procurado evitar el conflicto previsional: se los designa “ad honorem” y se aclara expresamente que el cargo se desempeña “sin liquidación del mismo”.
Posteriormente aparece otro decreto mediante el cual se les asigna el denominado “Código 600”, una partida presupuestaria utilizada habitualmente para otorgar adicionales no remunerativos, como gastos de representación u otros conceptos.
Estos adicionales se canalizan mediante recibos de sueldo, pero sin que el Estado municipal realice los aportes previsionales correspondientes. Para la Caja de Jubilaciones, esa modalidad podría configurar igualmente una relación laboral encubierta, lo que activa la incompatibilidad entre el estado de jubilado y el ejercicio de una función remunerada.
En ese contexto, vale recordar que - a mediados de 2025 - el entonces subsecretario de Salud Germán Margaritini dejó su cargo pocas semanas después de haber asumido. Entre las razones que esgrimió en ese momento figuraba, entre otras, la incompatibilidad entre cobrar su jubilación y percibir un sueldo como funcionario político. Margaritini optó por evitar problemas futuros y conservar su jubilación.
Lo concreto es que la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos notificó al municipio y comenzó a intimar a los beneficiarios para que regularicen su situación o devuelvan lo percibido de forma indebida.
