En diálogo con Diario Río Uruguay, el abogado Daniel Cedro, quien se encarga de defender a quienes se oponen a la toma del gremio, explicó que en el conflicto “no hay sectores”, porque “lo que hay es una federación que hoy es inexistente”, teniendo en cuenta que “le falta la base de los sindicatos de primer grado”.
Al respecto, detalló que “el Sindicato de la Fruta, como sindicato, renunció orgánicamente a esa federación antes del acta constitutiva y antes de que se decida como represalia esta intervención”. Para ello, aseguró que “ha hecho las presentaciones ante el Ministerio de Trabajo e, incluso, ante la justicia en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que es el órgano competente para dirimir esta cuestión”.
Dicho esto, mencionó que quienes ingresaron al sindicato “están encabezados por Amara y Jacobi”, quienes “han interpuesto dos amparos, tanto en la justicia provincial como en la justicia federal, a los cuales no los consideraron improcedentes”. Según sus palabras, esto se debe a que “no hay una intervención posible, porque la ley no lo avala, ni el sindicato pertenece a la federación. Lo que hubo fue una represalia y una cuestión absolutamente autoritaria por parte de esta federación que lo designó a Amaro, que no es empleado de la fruta ni está afiliado al sindicato”.
Regularización
Por otro lado, Cedro destacó que “lo más llamativo es que ellos alegan una supuesta regularización, inclusive están ofreciendo cargos públicamente”. Sin embargo, aclaró que “lo que existe claramente es una usurpación. Es raro que una intervención, en vez de hacerla por las vías legales, la hagan por las vías de hecho, rompiendo candado y cerraduras, tomando una sede gremial”.
Entre otras cosas, comentó que este domingo “hicimos una denuncia en Fiscalía por usurpación por haber tomado la sede gremial. Ese trámite está en curso, de hecho, hubo una serie de diligencias por parte de la Fiscalía, que acompañará hoy con más documentación respecto a cuál es la institucionalidad del sindicato”.
No obstante, recordó que “hubo roturas de la puerta de ingreso, por lo que entraron claramente a la fuerza y eso obviamente es un acto irregular ilícito”, pero “dejaremos que la fiscalía actúe y tenemos entendido que ordenó que se desaloje el sindicato”.
Hechos de violencia
Por último, Cedro reconoció que “la Comisión Directiva del Sindicato se presentó” en el lugar acompañada por “la policía por seguridad, para evitar cualquier cosa y, por pedido” de las autoridades, “se retiró del lugar”. Dicho esto, aclaró que “de nuestra parte no hubo ningún hecho de violencia, más allá de las denuncias que ahora hagan y demás, que obviamente no tendrán una base real”.
A su vez, aclaró que “Camejo sigue siendo el secretario general de la institución” y mencionó que “independientemente de que esté en un proceso eleccionario, el presidente de la Junta Electoral tiene potestades respecto a lo que es el sindicato y su vida institucional”.
Finalmente, remarcó que “una intervención no se hace por vía de hecho, no se hace tomando sedes gremiales ni nada por el estilo. Se hace por vía legal y tiene un procedimiento regulado por el Ministerio de Trabajo y la justicia a nivel nacional. Esta decisión de un domingo de tomar una sociedad gremial no deja de ser una cuestión irregular y es una cuestión de pretender dar legitimidad a una clara usurpación”.
