En diálogo con Diario Río Uruguay, el abogado Javier Orduna, impulsor del recurso de amparo que permitió la incorporación de su cliente al REPROCANN, explicó que “el cannabis medicinal existe, está regulado por una ley y hay un registro en donde la gente se anota para poder consumir y cultivar”.
Para eso, comentó que “uno necesita la aprobación de un médico” y le permite “a uno que, si la policía lo denuncia, poder mostrarles que tiene un permiso legal o poder viajar con ese cannabis medicinal. O muy importante, poder ir a comprarlo a una farmacia”.
Sin embargo, aclaró que “desde diciembre del 2023, a nivel nacional se dejaron de aprobar esos permisos. No en su totalidad, pero es tan lenta la aprobación que hay 90.000 personas con el trámite frenado”.
Recurso de amparo
A raíz de esto, precisó que en este caso “como estudio jurídico, interpusimos un recurso de amparo para destrabar esa situación” y aseguró que “en nuestra ciudad, así como en la provincia de Entre Ríos, hay muchísima gente en esta situación y es muy dificultoso conseguir la aprobación por otro medio, porque como el Ministerio de Salud de la Nación está en Capital Federal, no te atienden”.
En cuanto al tratamiento de este tipo de solicitudes, aseguró que se analizan “caso a caso lamentablemente, porque la política del Ministerio de Salud de la Nación no es activa en cuanto a la aprobación de registros. Entonces, no hay una aprobación masiva, sino que se analiza cada uno de los casos”.
Debido a esto, reconoció que “lo que termina ocurriendo es que se genera una incertidumbre, porque la persona no puede cultivar cannabis, entonces no puede acceder a un cannabis seguro” y recordó que “el primer enemigo del cannabis medicinal es el cannabis trucho, porque uno no sabe qué es lo que está consumiendo y no nos olvidemos que estamos hablando de la salud de las personas”.
