Causa Dragado del Río Uruguay
La investigación judicial por presuntas irregularidades en el dragado del río Uruguay volvió a tomar impulso en el Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 1 de Concepción del Uruguay. Entre los convocados hay ex funcionarios que hoy ocupan cargos clave en Entre Ríos.
El caso
Por disposición del juez federal subrogante Hernán Viri, fueron citados a declaración indagatoria exintegrantes de la Delegación Argentina ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) y directivos de la empresa Jan de Nul, concesionaria histórica de las obras.
La causa se originó en una denuncia presentada en julio de 2019, en la que se advierte sobre la existencia de contratos con presuntos sobreprecios que habrían generado un perjuicio económico superior a los 20 millones de dólares. Los hechos investigados corresponden al período comprendido entre 2015 y 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri.
Entre los imputados figuran tres exdelegados oriundos de Concepción del Uruguay: Juan Enrique Ruiz Orrico, Mauro Héctor Vazón y Jorge Diego Satto. Los tres integraron la CARU en el lapso bajo análisis. También fue citado Pieter Jan de Nul, propietario y representante legal de la firma Jan de Nul, señalada como beneficiaria de las adjudicaciones cuestionadas.
Según se informó, el expediente adquiere especial relevancia institucional debido a la situación actual de dos de los exfuncionarios convocados. Vazón se desempeña hoy como presidente del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos, mientras que Satto ocupa el cargo de secretario de Turismo de la provincia. Ambos fueron designados por el gobernador Rogelio Frigerio y ejercen funciones de alto peso político e institucional.
En el caso de Ruiz Orrico, además de su rol anterior en la CARU, enfrenta otra causa judicial: está imputado por la muerte de cuatro jóvenes en un accidente vial, con un juicio oral previsto entre el 18 y el 27 de febrero de 2026.
Denuncia
Según consta en la denuncia, las obras de dragado se habrían ejecutado con valores superiores a los de mercado, comprometiendo tanto a la empresa contratista como a los funcionarios encargados del control y la administración del organismo binacional.
Las audiencias de indagatoria fueron fijadas, en algunos casos, de manera remota mediante el sistema Google Meet. Asimismo, el juzgado dispuso la intervención de la Gendarmería Nacional para realizar las notificaciones personales, verificar domicilios y acreditar la identidad de los imputados.
A más de cinco años del inicio del expediente, la reactivación de la causa vuelve a colocar el caso en el centro de la escena pública, no solo por el volumen del presunto perjuicio económico, sino también porque involucra a dirigentes que actualmente ocupan posiciones estratégicas dentro del Estado provincial.
Fuente: Informe Digital.
