Impuesto a los combustibles. Según informó el senador entrerriano a través de un comunicado, la iniciativa elimina el 10,40% que actualmente recibe el Tesoro Nacional de estos tributos y lo redistribuye íntegramente hacia las provincias, sin crear nuevos impuestos ni modificar alícuotas existentes.

Del total que corresponde a las provincias, el proyecto establece que el 80% se acredite de manera directa a los organismos provinciales de vialidad, para obras de construcción, conservación, rehabilitación, mejora y seguridad de los caminos.

Se subraya también que los porcentajes que actualmente se destinan a infraestructura eléctrica, obras públicas y al FEDEI no sufrirían modificaciones.

Fondos sin ejecutar, a las provincias

Uno de los puntos centrales de la propuesta apunta a garantizar que los recursos recaudados se traduzcan efectivamente en obras. Para eso, el proyecto dispone que los fondos que permanezcan sin ejecutar durante más de 12 meses deban transferirse de forma automática a las provincias, manteniendo su afectación específica a infraestructura vial e hídrica.

La iniciativa incorpora además mecanismos de transparencia, con la obligación de publicar información sobre recaudación, saldos, inversiones y avance de obras, y de presentar informes trimestrales ante el Congreso.

“Los recursos recaudados para financiar infraestructura no pueden quedar inmovilizados mientras las provincias afrontan el deterioro de sus caminos”, sostuvo Bahl en los fundamentos del proyecto.

El argumento productivo

El senador remarcó el papel de los caminos provinciales y rurales para conectar la producción con los corredores nacionales, puertos, centros industriales y mercados, además de garantizar el acceso a servicios esenciales en el interior.

“Fortalecer a las provincias y exigir a la Nación que ejecute los recursos que administra no son objetivos contradictorios: son las dos dimensiones de un federalismo responsable”, planteó el legislador entrerriano.

El proyecto no crea nuevos tributos ni aumenta la presión impositiva, según se detalló, sino que propone modificar la distribución de recursos ya existentes. De aprobarse, el nuevo régimen tendría vigencia hasta el 31 de diciembre de 2035.