A ocho años de una de las mayores tragedias navales de la historia argentina, comenzó ayer en Río Gallegos el juicio oral y público por el hundimiento del ARA San Juan, ocurrido en noviembre de 2017 y que provocó la muerte de sus 44 tripulantes.

El debate se desarrolla en el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz y tiene como imputados a cuatro exjefes de la Armada Argentina: Luis Enrique López Mazzeo, Claudio Javier Villamide, Héctor Aníbal Alonso y Hugo Miguel Correa. Los exfuncionarios enfrentan cargos por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado.

Las audiencias son virtuales y los familiares de los submarinistas siguen el proceso desde distintos puntos del país. Entre ellos está Raquel Colombani, madre de Fernando Mendoza, el submarinista concordiense que se desempeñaba como jefe del Departamento de Máquinas a bordo del ARA San Juan.

“Esperamos que se haga justicia”

En diálogo con UNO, Raquel contó que no estará presente en esta oportunidad a Río Gallegos para seguir el juicio, debido a la distancia. Sin embargo, recordó que viajó tiempo atrás para participar de una ceremonia junto a su esposo, Juan Carlos Mendoza, sus hijos, su nuera y sus nietos.

Ahora seguirá a la distancia el proceso, con la expectativa intacta, aunque atravesada por el escepticismo que deja el paso del tiempo. “Hace más de ocho años que esperamos que se haga justicia. Que los verdaderos culpables sean juzgados como se merecen, sea civil, político o militar. Caiga quien caiga”, expresó.

La demora judicial es una herida más. “Uno esperaba que el juicio llegara antes. Pero la justicia argentina tarda demasiado. Y no sabemos qué va a pasar. No sabemos si va a haber justicia, si se va a llegar a la verdad”, señaló con una mezcla de resignación y esperanza.

El dolor que no cesa

Son ocho años de espera, de aniversarios sin abrazos, de preguntas sin respuestas. Fernando tenía 38 años cuando murió. Hoy, sus hijos tienen 19 y 21. Crecieron atravesados por la ausencia. “Para mí, para mi esposo, para mis hijos, para mis nietos, es todo muy doloroso. Yo hasta ahora sueño siempre con mi hijo. Siempre está conmigo, me acompaña en todo momento”, contó Raquel. “Fernandito era un genio. Muy atento con todos nosotros. Era adoración lo que teníamos con él. Y su ausencia se siente más todavía por la forma en que nos faltó”, agregó conmovida.

La madre del submarinista no duda al señalar lo que, a su entender, ocurrió: “Los mandaron a morir a los 44”. Y cuestiona el estado en que navegaba la nave. “El submarino estaba mal. Siempre, desde el vamos. No le pusieron lo que debían ponerle. Se ahorraron costos y así les fue a los 44, pobrecitos.”

Sobre si los tripulantes podían negarse a navegar en esas condiciones, fue categórica: “Ellos no podían hacer huelga, ni sentada, ni nada. Son parte de una institución. Se deben a su profesión”.

Un juicio esperado

El juicio que comenzó ayer en Santa Cruz no sólo analizará informes técnicos y responsabilidades administrativas. También pondrá en el centro el reclamo persistente de 44 familias que durante estos años marcharon, viajaron miles de kilómetros y sostuvieron la memoria de sus seres queridos.

El tribunal está integrado por los jueces Mario Reynaldi, Enrique Baronetto y Luis Alberto Giménez. El proceso judicial buscará determinar si existieron responsabilidades en los niveles superiores de la cadena de mando que permitieron la navegación de una unidad con antecedentes técnicos críticos.

El veredicto, previsto para mediados de julio, marcará un punto de inflexión. Para algunos será el cierre de una etapa; para otros, apenas un paso más en una búsqueda que excede lo penal.

La secuencia de la tragedia

El ARA San Juan era un submarino argentino de la clase TR-1700, construido en Alemania Occidental por Thyssen Nordseewerke, botado en 1983 y puesto en servicio en 1985. Había partido el 25 de octubre de 2017 desde la Base Naval Mar del Plata con destino a Ushuaia. El 15 de noviembre se perdió contacto tras reportarse ingreso de agua por el sistema de ventilación hacia el tanque de baterías número 3, lo que habría generado cortocircuitos y un principio de incendio.

Según la hipótesis fiscal, la nave descendió a más de 600 metros de profundidad, donde la presión habría provocado la implosión del casco. Los peritajes incorporados al expediente describen además una reacción química que liberó hidrógeno –gas altamente explosivo– que habría derivado en una explosión interna.

La investigación también señala que el submarino acumulaba 26 meses de demora para ingresar a dique seco y tenía restricciones de inmersión que, según la acusación, no fueron debidamente atendidas. Fuente: Diario UNO Entre Ríos